Centralización y reestructuración en la Fiscalía, alerta ante masiva rotación de fiscales en el país.
Claudia Villada 
La administración de justicia en el país enfrenta un fuerte remesón debido a los cambios derivados de un reciente concurso de méritos y a nuevas directrices administrativas emanadas desde la Fiscalía General de la Nación.
Esta reestructuración ha propiciado movimientos en la gran mayoría de las dependencias, incluyendo la rotación del personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de los fiscales especializados.
Una de las medidas más significativas es la disposición de la Fiscal General de trasladar las investigaciones de delitos de alto impacto a la ciudad de Bogotá. Bajo esta nueva resolución, procesos relacionados con terrorismo, corrupción, narcotráfico, delitos ambientales, delitos informáticos y acciones de grupos armados como el ELN y el Clan del Golfo deberán centralizarse en la capital de la República.
Voces internas del sistema judicial han expresado preocupación por las posibles repercusiones de esta centralización. Se argumenta que los funcionarios radicados en Bogotá podrían enfrentar dificultades logísticas, como la falta de viáticos y tiempos de desplazamiento prolongados, lo que afectaría la inmediatez de las diligencias.
Asimismo, se advierte sobre la pérdida del conocimiento de terreno, fundamental para entender las problemáticas locales y avanzar en la recolección de evidencias.
La rotación de personal también ha generado inquietud. Mientras algunos fiscales especializados y jueces dejan sus cargos para posicionarse en propiedad, los nuevos funcionarios deben iniciar desde cero el conocimiento de los expedientes, lo que podría dilatar los procesos.
Según manifiesta los juristas consultados sobre este tema, en algunos casos, personal con décadas de experiencia en grupos delincuenciales ha sido asignado a áreas no relacionadas, como la investigación de delitos ambientales, lo que se percibe como un desperdicio de conocimiento especializado.
El cambio en la gestión de los procesos conlleva riesgos jurídicos considerables. Existe la posibilidad de que se suspendan acciones críticas como órdenes de captura y allanamientos. Además, se ha advertido que personas privadas de la libertad podrían quedar en libres por vencimiento de términos debido a las demoras en las etapas procesales.
Como ejemplo de este estancamiento, se reportan casos donde audiencias de imputación por múltiples homicidios llevan 17 meses de retraso, con escritos de acusación radicados desde noviembre de 2024 que aún no avanzan debido a la intención del sistema de acumular procesos en la capital.
En contraste, algunos sectores esperan que esta reconfiguración permita que investigaciones que han estado detenidas o «engavetadas» durante largo tiempo finalmente logren avances significativos.
