Cerca de 200 trabajadores de la salud afectados por dudas salariales de la IPS Promed, algunos de ellos protestaron frente a Capresoca.
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Alrededor de 180 a 200 profesionales del sector salud, principalmente auxiliares de enfermería, realizaron una nueva jornada de protesta para exigir la cancelación de sus obligaciones laborales pendientes.
Esta manifestación no representa un hecho aislado, pues el grupo ya había realizado un plantón el pasado 10 de marzo sin obtener los resultados esperados tras un compromiso de pago incumplido.
La situación financiera de estos trabajadores, muchos de los cuales son cabeza de hogar, ha llegado a un punto crítico debido a que los salarios se adeudan desde diciembre de 2025 e incluyen los primeros meses de 2026. Diana Maldonado, una de las afectadas, señala que las deudas por cada trabajador oscilan entre uno y ocho millones de pesos, una suma que impacta directamente en la estabilidad de sus familias.
Para Sebastián González, vocero de los manifestantes, el problema ha escalado hasta convertirse en un constante dolor de cabeza que detona procesos de depresión y afecta la salud mental del personal.
El impacto de la falta de pago se siente con fuerza en las necesidades más básicas del hogar, como la compra del mercado diario y el sostenimiento de familiares que presentan alguna discapacidad. A pesar de la angustia que genera la falta de recursos, los manifestantes han mantenido una postura de respeto hacia los pacientes, permitiendo el ingreso a la entidad en casos de urgencia médica que involucran a niños o personas en estado crítico.
Por su parte, la EPS Capresoca emitió un comunicado oficial aclarando su posición frente al contrato número 165 de 2025 suscrito con la IPS Promed. La entidad asegura que hasta febrero de 2026 ha efectuado pagos que superan los cinco mil millones de pesos, lo que representa el 68 por ciento del valor total del contrato.
No obstante, la EPS se desmarcó de las deudas directas con el personal amparándose en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, argumentando que no posee responsabilidad solidaria sobre las obligaciones que el prestador adquiera con su talento humano.
Mientras el contrato se encuentra en etapa de liquidación administrativa, los trabajadores permanecen a la espera de una mediación efectiva por parte del personero de derechos humanos, Domingo Conde, y del Ministerio del Trabajo.
La incertidumbre persiste mientras la IPS y la EPS mantienen versiones encontradas sobre el flujo de los recursos, dejando a cientos de profesionales de la salud en una situación de vulnerabilidad económica y emocional en el departamento de Casanare.
