Álvaro Barragán, campesino de San Luis de Palenque, fue capturado el 31 de mayo de 2024 por las autoridades, acusado de ser integrante de las FARC. Su esposa, Londarly Barragán, ha denunciado que se trata de un falso positivo judicial que afecta la integridad de su familia y cuestiona la validez del proceso judicial.
Barragán fue aprehendido en su finca, ubicada en Miramar de Guanapalo, durante un operativo de la Armada y la Policía Judicial. Inicialmente se le concedió detención domiciliaria, pero en mayo se revocó la medida, trasladándolo a la cárcel de La Guafilla en Yopal.
La acusación en su contra, segun lo manifeista la esposa, se basa en los testimonios de dos personas que lo señalan como guerrillero activo desde 1999, lo que Londarly considera un acto de venganza relacionado con disputas por tierras.
Londarly aseguró que su familia se ha dedicado a la agricultura y la ganadería, afirmando: «Lo poco que hemos logrado ha sido trabajando honestamente. No es justo que nos señalen y destruyan nuestra integridad familiar.»
La familia también denunció un ataque en abril de 2022, cuando el Ejército irrumpió en su finca sin orden judicial, generando temor entre sus integrantes. Desde la captura, Londarly ha enfrentado dificultades para mantener la finca y cuidar de su hijo, quien ha desarrollado un trauma relacionado con los uniformados.
Durante la reciente visita del ministro de Defensa, Iván Velásquez, a Yopal, Londarly pidió que se revisen casos como el de su esposo, señalando: «Solo queremos justicia y volver a nuestra finca para vivir en paz.»
En los carteles exhibidos durante la jornada, la familia exigió el esclarecimiento del caso y respeto por los derechos de los campesinos, quienes enfrentan condiciones difíciles en medio de un conflicto judicial y social.
La investigación contra Álvaro Barragán, como muchas relacionadas con temas sensibles en el contexto del conflicto armado colombiano, ha tomado varios años, lo que refleja la complejidad de los procesos judiciales en estos casos.
Las decisiones judiciales no deben ser tomadas a la ligera, y el respeto por el debido proceso y las garantías legales es fundamental. Es esencial que estos fallos sean debatidos y rebatidos dentro del marco del derecho, promoviendo un entorno de justicia que fortalezca la confianza de la ciudadanía en las instituciones.