Convocar a asamblea constituyente si se cae El «Decretazo» de Consulta Popular, afirmó el Presidente Petro.

En un movimiento que generó considerable controversia, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó un decreto de consulta popular el pasado miércoles 11 de junio de 2025.

Esta acción, vista por la oposición, juristas y diversas organizaciones como una amenaza a la separación de poderes, ahora está en manos de la Corte Constitucional para determinar su procedencia. La firma del mandatario ocurrió en medio de una semana de alta polarización política, marcada incluso por el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El origen de este polémico decreto se remonta a mayo, cuando el Congreso rechazó la propuesta original de consulta popular del presidente Petro, principalmente debido a desacuerdos sobre puntos clave de la reforma laboral que se discute en el Senado.

A pesar de esta negativa, el presidente Petro insistió en la validez de la consulta, argumentando irregularidades en la votación del Senado, como el registro de 96 votos con 97 congresistas presentes, una duración de votación anormalmente corta y el desconocimiento de un cambio en el sentido del voto. Sin embargo, analistas y juristas consultados consideraron insuficientes estos argumentos y señalaron que no corresponde al mandatario actuar sobre una votación del Senado, sino a la justicia.

Cuando fue interrogado el presidente sobre el paso a seguir si su decreto era rechazado por la Corte Constitucional, este no dudó en manifestar que inmediatamente se pondrían a recoger 8 millones de firmas para convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, había indicado que el decreto se derogaría si el Congreso aprobaba la reforma laboral antes del 20 de junio, fecha límite antes del receso vacacional.

Una vez anunciado el decreto, Benedetti explicó que la firma se realizó el miércoles porque era el último día permitido para hacerlo. El ministro también expresó la confianza del presidente en el Senado para lograr acuerdos que restablezcan los derechos laborales de la clase trabajadora.

Este «decretazo» representa un capítulo de gran seriedad en la prolongada confrontación entre el presidente Petro y el Congreso, una dinámica que ha caracterizado su mandato desde agosto de 2022. Petro asumió el poder con ambiciosas propuestas de cambio, pero la mayoría de sus reformas no han avanzado debido a la falta de consensos. Para sus críticos, este desafío al Congreso amenaza con quebrantar el orden constitucional.

Desde la perspectiva de los juristas y analistas, este movimiento presidencial es considerado arriesgado. Humberto de la Calle un político de centro izquierda, con amplia experiencia en derecho constitucional, afirmó que el decreto es una «clara violación de la Constitución» y que el ejecutivo no tiene la facultad de anular actos del Congreso; esa tarea recae en la justicia.

Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación de Paz y Reconciliación, predijo que el decreto «se caerá en la Corte Constitucional por su propio peso», argumentando que se deben demostrar las irregularidades de inconstitucionalidad que Petro denuncia.

A pesar del apoyo de fervientes seguidores de Petro en las calles, observadores indican que las movilizaciones son cada vez menos concurridas. Líderes de opinión en Colombia consideran que el «decretazo» es una estrategia para presionar al Congreso a acelerar la aprobación de reformas, dada la proximidad de las elecciones de 2026.

No obstante, analistas coinciden en afirmar que el presidente ha cruzado «una línea roja peligrosa», intensificando el conflicto y generando un posible «efecto institucional grave» en plena precampaña.

La medida ha sido ampliamente refutada. Miguel Uribe Turbay, el senador y precandidato que sufrió un atentado, ya había criticado el decreto, señalando que «va en contra de la Constitución y pone en riesgo la democracia» y lo calificó de «autogolpe de Estado».

Tras el atentado, figuras como Vicky Dávila, precandidata presidencial de derecha, lamentaron que Petro «da un paso más contra la democracia» en un momento de dolor nacional por la violencia.

Laura Bonilla sugirió que el objetivo real de Petro es mantener un ambiente político álgido y «ganar su agenda mediática» para que su proyecto continúe con un sucesor. La semana en que Colombia recordó los tiempos más oscuros de la violencia política, el debate giró, una vez más, en torno al presidente y sus maniobras.