La investigación por presunta violación de los topes de campaña de Gustavo Petro desató tensiones entre el presidente de la República y el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Según la ponencia del CNE, se estimó que durante la campaña ‘Petro Presidente 2022’ se excedieron los límites de gastos permitidos por la ley en más de $5.300 millones de pesos. Esta cantidad, detallada en la resolución presentada por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, incluye un excedente de $3.709 millones de pesos en la primera vuelta y $1.646 millones de pesos en la segunda.
Entre los aspectos bajo investigación se encuentran las cuentas reportadas de la Sociedad Aérea de Ibagué (SADI), donde Petro se transportó durante su candidatura, así como aportes a la campaña de la Unión Sindical Obrera (USO) por 600 millones de pesos y de Fecode por 500 millones de pesos.
Además, el CNE señala la omisión del reporte de un préstamo del Polo Democrático Alternativo por 500 millones de pesos y el pago no reportado a testigos electorales por 931 millones de pesos. También se omite el reporte de gastos por propaganda electoral por 356 millones de pesos.
En respuesta, la congresista María Fernanda Cabal cuestionó la permanencia en su cargo de Ricardo Roa, exgerente de la campaña de Petro y presidente de Ecopetrol.
Por su parte, el presidente rechazó las acusaciones, calificando de «vagabundos» a los magistrados del CNE que votaron a favor del pliego de cargos en su contra.
La irada y para muchos exacerbada respuesta del presidente fue que : “No soy tan estúpido para cambiar por una riqueza que evapora un proyecto político esperanzador del pueblo. Ni bobo que fuera. Así son ustedes, yo no, por más de que han intentado, han fracasado. Dice la Constitución que el presidente no puede ser juzgado, sino por la Comisión de Acusaciones de la Cámara, lo que hoy anunciaron es que once millones van a perder sus derechos políticos, quieren determinar, como lo han hecho en tantos países de América Latina, que el presidente tiene que dejar de ser presidente porque cuatro o cinco vagabundos así lo quieren. El presidente no ha cometido ningún delito”, dijo.
Ante estas declaraciones, el CNE emitió un comunicado rechazando categóricamente los términos utilizados por el presidente, afirmando que dichas declaraciones ponen en riesgo el funcionamiento del sistema democrático y la integridad de quienes cumplen sus funciones constitucionales.