Diez departamentos podrían quedar totalmente incomunicados por paro nacional contra el catastro multipropósito.
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Casanare es parte activa de las jornadas de protestas que mantiene paralizados diversos puntos críticos en la geografía colombiana.
Líderes regionales iniciaron un bloqueo indefinido en todas las vías nacionales del departamento como respuesta a lo que califican de indolencia estatal frente al cobro del impuesto predial.
Esta medida de presión busca la eliminación inmediata de la resolución 2057 de 2025 emitida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la cual ha provocado incrementos sustanciales en la base gravable de miles de predios en todo el territorio.
El conflicto escaló durante el fin de semana en departamentos como Santander, donde la incomunicación afectó a diez municipios y complicó severamente el acceso al aeropuerto internacional Palonegro.
Ciudadanos en Yopal reportaron que sus obligaciones tributarias pasaron de cifras mínimas a cobros que superan los quinientos mil pesos en un solo ejercicio fiscal. Ante este panorama, los manifestantes exigen congelar los cobros coactivos y suspender cualquier proceso de actualización catastral en curso hasta que se logre una reestructuración de la política nacional que contemple la realidad socioeconómica de los propietarios.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro cuestionó las motivaciones detrás de la movilización al asegurar que estas acciones buscan proteger los intereses de grandes hacendados y dueños de tierras improductivas. El mandatario señaló que los avalúos catastrales permanecieron estáticos por dos décadas, lo cual permitió que sectores privilegiados tributaran de manera insuficiente mientras los municipios perdían recursos para inversión social.
En sus directrices a los gobiernos locales, el jefe de Estado instó a los alcaldes a aplicar tasas diferenciadas para aliviar la carga de los pequeños productores y habitantes de estratos bajos, incrementando los cobros para los predios de engorde urbanos y rurales.
Un experto consultado sobre el tema planteó un ejemplo que, según él, demostraría que el Presidente tiene razón en buena parte de su argumento. Para ilustrarlo, hizo una extrapolación con los habitantes de Villa David, un barrio popular de viviendas de interés social en Yopal.
En este sector, el pago del impuesto catastral era prácticamente simbólico, con valores que llegaban a los 7.000 pesos al año. Sin embargo, de acuerdo con los registros, cada una de esas viviendas se construyó con un subsidio cercano a los 40 millones de pesos. Esto significa, explicó el experto, que el avalúo catastral no puede estar por debajo de ese costo. Por lo tanto, con la actualización, el impuesto debe ser acorde al valor real del inmueble.
La tensión persiste en las carreteras mientras los voceros del movimiento advierten que no darán marcha atrás en sus exigencias de una metodología unificada y justa.
La parálisis vial ha generado consecuencias económicas significativas, especialmente en el sector agropecuario, donde gremios avícolas alertan sobre el riesgo que corren más de mil granjas por la imposibilidad de movilizar productos.
Aunque el Gobierno nacional ha intentado convocar mesas de diálogo, los organizadores mantienen su postura firme de no negociar con autoridades locales, y anunciaron que a partir de hoy lunes iniciaran el cierre total de las vías, exigiendo soluciones de fondo que devuelvan la estabilidad financiera a los hogares afectados por la nueva política de catastro multipropósito.
