Autoridades de Casanare buscan soluciones a las manifestaciones ante crisis por avalúos catastrales.
Claudia Villada 
El paro ciudadano denominado “por un catastro justo” continúa activo este martes en el departamento de Casanare, concentrando sus acciones en el corredor vial que une a Yopal con el municipio de Aguazul. A pesar de los acercamientos iniciales logrados con la Gobernación y la Alcaldía local, los manifestantes decidieron mantener las restricciones en la vía Marginal del Llano hasta obtener compromisos concretos del Gobierno Nacional.
La movilización responde a lo que la comunidad describe como incrementos desproporcionados en los avalúos y en el cobro del impuesto predial.
Para gestionar el impacto en la movilidad regional, los líderes de la protesta establecieron un cronograma de cierres intermitentes que permite el tránsito vehicular durante franjas horarias específicas. El esquema actual alterna periodos de restricción con aperturas de dos horas para facilitar la evacuación de los automotores represados en ambos sentidos de la vía.
Los voceros de la marcha destacaron que se han habilitado corredores humanitarios para mitigar las afectaciones a poblaciones vulnerables mientras persisten las mesas de trabajo.
El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, participa activamente en los espacios de diálogo como mediador entre los ciudadanos y las instituciones centrales. Ortiz Zorro reconoció que la problemática actual es el resultado de gestiones heredadas de administraciones anteriores relacionadas con el operador Catasig, señalando la necesidad de una hoja de ruta unificada.
El mandatario departamental informó que se ha logrado la instalación de una mesa nacional con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para revisar las metodologías aplicadas en el territorio.
Desde la administración municipal de Yopal, el alcalde Marco Tulio Ruiz detalló las acciones jurídicas emprendidas para proteger los intereses de los contribuyentes. Ruiz señaló que una auditoría de la Contraloría General de la República identificó un presunto hallazgo fiscal que supera los 6.300 millones de pesos en los procesos del gestor catastral previo.
Además, el mandatario recordó que su despacho frenó la actualización en zonas rurales para evitar la aplicación de resoluciones nacionales que podrían agravar la situación financiera de los campesinos.
En el ámbito legislativo local, los concejales de Yopal han presentado alternativas para aliviar la presión sobre los ciudadanos afectados por los cobros jurídicos.
El concejal Pipe Becerra propuso explorar caminos legales que permitan suspender temporalmente estos procesos de cobro, buscando una ventana de tiempo que beneficie a la comunidad sin incurrir en ilegalidades.
Por otro lado, el cabildante Alberto Vega planteó que la solución definitiva radica en que Yopal se certifique como su propio gestor catastral, evitando la contratación de operadores externos de otras regiones del país.
