En un puesto de control en la vía Yopal – Monterrey, la Policía Nacional detuvo a Bladimiro Sanabria Aguirre, ex gestor social de Aguazul y esposo de la ex alcaldesa de esa localidad, Johana Moreno.
Sanabria Aguirre se movilizaba en una camioneta Toyota blanca de su propiedad cuando fue requerido para un procedimiento de registro y control. Durante la inspección, las autoridades encontraron en su poder una pistola calibre 9 mm marca Glock, color gris.
Al solicitarle los documentos que acreditaran el porte del arma, el ex funcionario presentó un permiso que, al parecer, estaba vencido.
Debido a esto, la Policía procedió a la incautación del arma, sin embargo, no se llevó a cabo su captura. Según las autoridades, Sanabria no presentaba antecedentes judiciales, lo que permitió que fuera dejado en libertad bajo la condición de presentarse ante las autoridades cuando fuera requerido, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 2535 de 1993. Este decreto establece que portar un arma con un permiso vencido es causal de incautación.
A pesar de lo anterior, llama la atención que en otros casos de incautación de armas de fuego, las autoridades generalmente proceden con la captura del implicado, tomando fotos del decomiso y emitiendo comunicados de prensa.
La falta de estas acciones en este caso específico ha generado interrogantes entre la opinión pública sobre un posible trato diferenciado.
El artículo 365 del Código Penal colombiano establece penas de prisión de nueve a doce años para quienes porten armas de fuego sin el debido permiso, lo que resalta la gravedad de este tipo de situaciones. La comunidad espera un pronunciamiento claro de las autoridades sobre el caso.