Fallo judicial califica como «irrecuperables» miles de créditos que el IFC intentaba cobrar a la fuerza.
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Un fallo de segunda instancia ratifica que el Instituto Financiero de Casanare no puede seguir adelantando procesos de cobro sobre carteras con vicios jurídicos y deudas de hace más de 20 años.
YOPAL. – El panorama financiero y jurídico del Instituto Financiero de Casanare (IFC) se complica tras conocerse un importante fallo judicial. Según denuncias del concejal Leonardo Infante, el Consejo de Estado emitió una sentencia en segunda instancia que niega las pretensiones del IFC de continuar con procesos de cobro que han sido calificados como irregulares e ilegales.
El conflicto se centra en más de 3.500 procesos judiciales, muchos de ellos derivados de créditos educativos del convenio Fondo Casanare e ICETEX.
El concejal Infante explicó que el IFC ha persistido en cobrar deudas que, según diversos juristas, ya están prescritas (vencidas) debido a que superan los 20 años de antigüedad.
El fallo del máximo tribunal de lo contencioso administrativo aclara que los juzgados competentes para estos casos son los administrativos y no los civiles. Además, señala que el IFC intentó utilizar mecanismos como la tutela para reversar decisiones que ya le negaban los mandamientos de pago, actuando bajo una «búsqueda de beneficio para cobrar deudas que al parecer son ya irrecuperables».
Una de las mayores preocupaciones radica en el posible detrimento patrimonial para el departamento. El concejal advierte que el IFC está incurriendo en gastos innecesarios al contratar personal para cobrar deudas inviables. Peor aún, los juzgados están empezando a condenar en costas al Instituto; esto significa que el IFC no solo deja de recibir el dinero de la deuda, sino que es obligado a pagar los honorarios de los abogados de los ciudadanos demandados.
Se han documentado casos donde ciudadanos, tras años de afectación, han logrado el levantamiento de medidas cautelares y la devolución de dineros retenidos, sumado al pago de indemnizaciones que el Instituto debe asumir.
La denuncia también resalta el uso de la oficina de cobro coactivo para embargar bienes y cuentas de adultos mayores por deudas que en su momento se prometieron condonar. Se han reportado casos de embargos que superan los límites legales, llegando a descontar hasta el 50% de los ingresos de los afectados, cuando la ley establece topes menores.
Ante este escenario, se busca que exista una claridad jurídica general para evitar que solo quienes tienen dinero para pagar abogados privados puedan defenderse de estos cobros abusivos, pero los que no tienen esta ventaja han tenido que soportar el rigor de un largo proceso judicial.
