
La Fiscalía General de la Nación judicializó a César David Wilches Fonseca por su presunta responsabilidad en el delito de violencia intrafamiliar agravada. Según la investigación, el procesado habría maltratado de manera reiterada y sistemática a su expareja sentimental desde 2016.
Un fiscal del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (CAVIF) en Casanare evidenció que Wilches Fonseca, al parecer, realizaba seguimientos constantes a la víctima a través de sus dispositivos electrónicos para conocer su ubicación. Además, habría amenazado a la mujer con arma de fuego en varias ocasiones y la habría agredido física y verbalmente. En varias oportunidades, las lesiones sufridas por la víctima requirieron incapacidades médicas superiores a 20 días.

Durante la audiencia de imputación, Wilches Fonseca no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
El procesado es un reconocido líder político en la región, mientras que la presunta víctima es funcionaria de la Alcaldía de Yopal y cercana al actual alcalde Marco Tulio Ruiz, conocido contradictor político de Wilches.
Este caso ha generado cuestionamientos sobre la celeridad de la justicia en algunos procesos y su aparente lentitud en otros. Como referencia, ciudadanos han señalado que en el caso de Fabián Foronda de Aguazul Casanare, señalado de agredir violentamente a su expareja en varias ocasiones y en plena vía pública, la orden de captura tardó casi un año en ser emitida, pese a la evidencia de los ataques. Incluso, el presunto agresor logró huir antes de ser detenido.
Este panorama ha suscitado debates sobre la imparcialidad de la justicia y el posible impacto de intereses políticos en la priorización de ciertos casos.