La Participación de Empleados Públicos en Campañas Políticas en Casanare y la Ausencia de Control.
Prensa
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En el departamento de Casanare, la participación activa de empleados públicos en campañas políticas ha generado inquietudes y cuestionamientos en la sociedad, a pesar de que la legislación colombiana prohíbe a los empleados públicos involucrarse en política, y los que tienen contratos de Orden de Prestación de Servicio (OPS) pueden hacerlo de manera limitada, la ausencia de pronunciamientos por parte de las entidades de control ha permitido que esta situación se vuelva cada vez más evidente.
La normativa colombiana es clara en su objetivo de garantizar la imparcialidad y neutralidad de los empleados públicos en el ejercicio de sus funciones; sin embargo, en Casanare, muchos empleados parecen haber obviado estas restricciones, participando abiertamente en campañas políticas y comprometiéndose en actividades partidistas, lo que plantea serias dudas sobre cuándo y cómo cumplen con sus responsabilidades laborales y contratos de OPS.
Un aspecto preocupante es que, a pesar de la flagrante participación política de empleados públicos, las entidades de control como la Procuraduría y la Misión de Observación Electoral (MOE) no han emitido declaraciones o sanciones al respecto.
Esta aparente falta de acción podría ser interpretada como una tolerancia tácita hacia estas prácticas, lo que a su vez fomenta la impunidad y socava la integridad del servicio público.
Los contratos de OPS, que permiten a algunos empleados trabajar para el Estado de manera temporal y por proyectos específicos, también han sido objeto de controversia; a pesar de que la legislación establece que aquellos con contratos de OPS pueden participar en campañas políticas, la pregunta que surge es: ¿cuándo encuentran el tiempo para cumplir con las actividades de sus contratos de OPS mientras están inmersos en la agitación política?
La falta de supervisión y fiscalización en este tema crea un ambiente propicio para el abuso y la mala praxis en el sector público, es esencial que las entidades encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley y la ética en el servicio público se pronuncien y tomen medidas en casos de empleados públicos que incumplen con las restricciones políticas.
En conclusión, la participación de empleados públicos en campañas políticas en Casanare es una realidad preocupante que ha pasado desapercibida por demasiado tiempo. La falta de acción de las entidades de control plantea interrogantes sobre la efectividad de las normativas y la necesidad de una mayor vigilancia y sanciones para asegurar la transparencia y la integridad en el servicio público
