La Pedrera en Yopal, la promesa incumplida de una década sin escrituras ni servicios básicos, otro triunfo de las urbanizadoras “Legales”.
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La situación denunciada por los habitantes de la urbanización Nueva Granada, ubicada en el sector de La Pedrera en Yopal Casanare, refleja una problemática recurrente en proyectos residenciales que operan sin las licencias necesarias.
El proyecto, liderado por la exconcejal Blanca Nury Barrera, prometió a decenas de familias escrituras en pocos meses, pero tras diez años de espera, los propietarios siguen sin títulos de propiedad legales.
El proyecto está ubicado en zona rural y de expansión urbana del municipio, pero no ha obtenido las licencias respectivas. La urbanizadora justifica el retraso alegando demoras administrativas en la Alcaldía y en Corporinoquia, aunque se señala que el proyecto ha operado bajo resoluciones que ya estarían vencidas por incumplimiento en la dotación de servicios.
La problemática más crítica es la falta de agua potable y alcantarillado. Los residentes denuncian que el suministro de agua es utilizado como herramienta de presión: a quienes reclaman sus derechos o dejan de pagar cuotas de «sostenimiento», se les niega el acceso al agua del carrotanque.
Además, los habitantes han tenido que costear redes provisionales y construir pozos sépticos bajo su propia responsabilidad financiera, ante la ausencia de un proyecto de alcantarillado real por parte de la urbanizadora.
Los afectados, muchos de los cuales invirtieron herencias o ahorros superiores a los 80 millones de pesos, se encuentran en un limbo jurídico. Al no contar con escrituras, no pueden vender sus casas ni acceder a créditos bancarios o de vivienda. Además, denuncian que la urbanizadora aprovecha las reuniones informativas sobre servicios básicos para realizar proselitismo político, instando a los vecinos a votar por ciertos candidatos.
A pesar de las irregularidades y la falta de servicios básicos, la urbanizadora continúa vendiendo predios y permitiendo nuevas construcciones en el sector. Las familias afectadas exigen la intervención de la Secretaría de Planeación y de las autoridades competentes para que se garantice la legalidad del proyecto y el acceso a los servicios vitales.
La ausencia de control por parte de los funcionarios públicos responsables ha generado críticas entre los residentes, quienes señalan que esta omisión los convierte en cómplices de lo que se bien convirtiendo en la mayor estafa inmobiliaria de la historia de la región.
