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A menos de dos semanas de las elecciones del 8 de marzo, la contienda electoral por la Cámara de Representantes en Casanare atraviesa un momento de incertidumbre jurídica por la situación de dos candidatos del Partido Alianza Verde.
Los cuestionamientos legales se enfocan en Diego García Alfonso y Fabián Cordero Escobar, quienes enfrentan debates sobre su preseunta habilitación para ejercer el cargo de acuerdo con las normativas vigentes.
El caso de Diego Fernando García Alfonso, identificado con el número 101, surge por un presunto vínculo de parentesco con una funcionaria del Instituto Departamental para el Deporte y la Recreación de Casanare, INDERCAS. La discusión se fundamenta en el artículo 179 numeral 5 de la Constitución Política, el cual prohíbe la elección como congresistas de personas con vínculos familiares hasta el tercer grado de consanguinidad con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política.
Cándida Liver Alfonso, tía del candidato, ejerce como subgerente administrativa y financiera del instituto, un cargo de nivel directivo que involucra el manejo de presupuestos y procesos contractuales. No obstante, la campaña de García sostiene que la funcionaria no ejerce autoridad política y que el aspirante cumple plenamente con los requisitos constitucionales, pues no existe una decisión judicial que declare lo contrario.
Simultáneamente, la candidatura de Fabián Cordero Escobar, número 103 en la lista, ha entrado en revisión por su desempeño como subgerente general de la Empresa Mixta de Alumbrado Público de Trinidad S.A.S.. De acuerdo con certificados oficiales, Cordero asumió el cargo en octubre de 2025, periodo que resulta relevante frente a las restricciones constitucionales sobre la intervención en gestión de negocios ante entidades públicas.
La empresa en cuestión se encarga de prestar servicios financiados mediante impuestos municipales, lo que genera dudas sobre si el ejercicio de este cargo directivo comporta autoridad administrativa inhabilitante.
Pese a que las candidaturas continúan vigentes, el escenario plantea un riesgo jurídico potencial que podría derivar en demandas ante el Consejo de Estado tras la jornada electoral. Por ahora, los procesos siguen en firme mientras el tiempo se agota para la definición de la representación política del departamento en el Congreso.
La última palabra la tienen las autoridades, que hasta ahora no se ha pronunciado, pero se hace evidente que este caso se convierte en una herramienta que sus contradictores no dudan en utilizar para tratar de debilitar la campaña del partido Alianza Verde rumbo a la Cámara de Representantes.
