Una fiscal adscrita a la Delegada contra las Finanzas Criminales logró que un juez de control de garantías de Turbo (Antioquia) impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Yuli Andrea García González, investigada por el presunto lavado de activos en cerca de 13.000 millones de pesos producto de contrabando.
La investigación de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales reveló que García González habría utilizado su nombre y el de una empresa, de la cual era representante legal y única accionista, para introducir al país grandes cargamentos de artículos para el hogar, elementos deportivos, herramientas, gafas y confecciones provenientes de China entre 2018 y 2022.
Los análisis financieros mostraron que ni la procesada ni la importadora contaban con los recursos necesarios para realizar los movimientos económicos que justificaran el ingreso de estos cargamentos a territorio nacional. García González no pudo demostrar el origen lícito del capital que respaldaba estas operaciones financieras.
Durante este periodo, la empresa fue objeto de varias aprehensiones por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En al menos dos ocasiones, se estableció que se trataba de contrabando valorado en más de 300 millones de pesos.
La Fiscalía imputó a Yuli Andrea García González los delitos de lavado de activos y contrabando, cargos que no fueron aceptados por la procesada. Un juez de control de garantías decidió imponerle medida de aseguramiento carcelaria, decisión que fue apelada por la defensa.