Miembros del Congreso de los pueblos se toma granja Uari en Yopal, exigen cumplimiento de acuerdos con las autoridades.
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Alrededor de 200 personas vinculadas al movimiento Congreso de los Pueblos ocuparon las instalaciones de la Granja Uary en Yopal, Casanare, con el fin de establecer un refugio humanitario en el predio.
Esta acción se fundamenta en lo que las organizaciones califican como un incumplimiento sistemático de acuerdos pactados con la gobernación departamental y con Corporinoquia desde los años 2016 y 2019. Los manifestantes denuncian una falta de voluntad política para atender problemáticas relacionadas con la propiedad de la tierra, la agenda ambiental y la protección de los derechos humanos en la región.
El lugar de los hechos funciona actualmente como un centro de rehabilitación para fauna silvestre bajo la administración de Corporinoquia. No obstante, los voceros de la movilización buscan reivindicar la memoria histórica del predio, señalando que en la década de los sesenta fue concebido como un espacio de capacitación y fortalecimiento para la clase campesina bajo el impulso de la Reforma Agraria.
Entre sus peticiones concretas se encuentra la ejecución de una propuesta para transformar estos terrenos en una sede de la Universidad Nacional.
La seguridad de los participantes es una de las preocupaciones centrales manifestadas por el grupo, que justifica el uso de capuchas por parte de algunos integrantes como una medida de autoprotección ante el hostigamiento y los asesinatos de líderes sociales en el departamento.
En este contexto, exigen la presencia en el sitio del gobernador de Casanare, Cesar Ortiz Zorro, así como de altos funcionarios del Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras.
Por su parte, Corporinoquia ha indicado mediante comunicados previos que no posee registros documentales o requerimientos formales por parte de los manifestantes.
Frente a esto, los voceros del refugio aseguran que existen radicados históricos y jornadas de interlocución que las instituciones han ignorado, permitiendo que el cambio de administraciones sirva como excusa para el estancamiento de los pliegos de peticiones.
En cuanto a la operatividad de la granja y el bienestar de los animales, los ocupantes sostienen que no mantienen a ninguna persona retenida y que el tránsito de funcionarios es posible bajo ciertas condiciones para que atiendan las necesidades de los animales allí resguardados.
Si bien se ha permitido el ingreso de algunos profesionales para asistencias veterinarias básicas, el grupo condiciona el acceso total de biólogos y especialistas a la voluntad del gobierno para instalar mesas de concertación inmediatas.
La Defensoría del Pueblo y la Personería han sido convocadas para actuar como garantes de los derechos de quienes permanecen en el refugio de manera indefinida.
