
Adriana Patricia Lizarazo Cordero fue enviada a prisión tras ser señalada de estafar a al menos ocho personas en Bogotá, haciéndose pasar por funcionaria de entidades públicas como la Fiscalía y la JEP.
Durante ocho años (2016-2024), la procesada ofreció supuestos remates judiciales de inmuebles y vehículos de lujo a precios irrisorios, utilizando documentos aparentemente legales para engañar a sus víctimas.
Las investigaciones revelaron que Lizarazo Cordero convencía a las personas de transferir dinero para comprar «pines» que les permitirían participar en las subastas, pero nunca entregó los bienes prometidos.
La Fiscalía comprobó pérdidas superiores a los $450 millones. Un juez de Bogotá le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, y fue capturada en Susa (Cundinamarca) por la Policía Nacional.