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El Juzgado Promiscuo Municipal de Tauramena ordenó diez días de arresto y una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales para dos directivas de la EPS Capresoca. La medida recae sobre Bibi Dayana Niels Rueda, subgerente operativa de salud, y Betty Cecilia Anaya Nieto, agente interventora de la entidad.
El fallo, firmado por el juezPromiscuo Municipal de Tauramena el 23 de febrero de 2026, responde a un incidente de desacato por el incumplimiento de una tutela que amparaba el derecho a la salud de Jesús Antonio López.
López es un adulto mayor que padece una incapacidad física y psicológica absoluta, situación que lo hace dependiente de servicios médicos especializados para su bienestar diario.
La orden original, emitida en junio de 2025, exigía a la entidad garantizar seis horas diarias de enfermería domiciliaria, además de la entrega oportuna de medicamentos e insumos prescritos por su médico tratante.
A pesar de los constantes requerimientos judiciales realizados durante los meses de enero y febrero de 2026, la aseguradora mantuvo una postura omisiva que el juzgado calificó como caprichosa y carente de fundamento justificativo. La IPS Promed, que prestaba la atención inicialmente, confirmó al despacho que cesó el servicio el mes pasado debido a la falta de lineamientos y comunicación oficial sobre la continuidad contractual por parte de Capresoca.
El juez señaló en su decisión que las funcionarias ignoraron la urgencia vital del paciente y su imposibilidad económica de costear estos servicios de forma particular.
Luego de la emisión de este fallo sancionatorio, se notificará a la Policía Nacional, quien será la encargada de conducir a las sancionadas para que la privación de la libertad sea efectiva en el lugar que la autoridad determine.
Organizaciones y líderes cívicos de la región manifestaron que seguirán de cerca el procedimiento para asegurar que la orden judicial se cumpla íntegramente y no sea evadida, es decir que la medida que restringe su libertad sea efectivamente ejecutada.
Las multas impuestas no podrán pagarse con el presupuesto de la entidad prestadora de salud, sino que serán descontadas directamente de los salarios de las funcionarias mediante un proceso de cobro coactivo. El expediente fue remitido al Juzgado Promiscuo del Circuito de Monterrey para que se realice el grado de consulta correspondiente antes de su ejecución definitiva.
