Inminente desalojo de El Cimarrón y Villa Rita en Yopal, una fotografía de lo que sucede por comprar a urbanizadores ilegales.
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El Consejo de Estado emitió fallo de una acción de tutela, que puso punto final a una controversia legal que se extendió por más de una década en el municipio de Yopal. La alta corporación decidió declarar la improcedencia de una acción de tutela que buscaba frenar las órdenes de desalojo y reubicación en los asentamientos El Cimarrón y Villa Rita.
Esta medida afecta directamente a las familias asentadas en las inmediaciones del aeropuerto El Alcaraván, quienes han defendido durante años su permanencia en el sector argumentando la legalidad de sus títulos de propiedad.
La decisión judicial se fundamentó principalmente en la falta de inmediatez del recurso presentado por la parte demandante. El tribunal explicó que las sentencias originales que ordenaron el traslado de la comunidad datan de los años 2009 y 2010, lo que significa que el reclamo actual se interpuso 15 años después de los fallos iniciales.
Según la jurisprudencia vigente, este tipo de amparos debe solicitarse en un tiempo razonable, generalmente no mayor a seis meses, para evitar que el mecanismo se convierta en un factor de inseguridad jurídica o una herramienta para subsanar descuidos en la defensa legal previa.
El conflicto alcanzó un punto crítico a finales de noviembre de 2025, cuando se ejecutó un operativo de gran escala para cumplir con la evacuación de los residentes.
En la intervención participaron cerca de 250 efectivos de la policía, apoyados por vehículos blindados, helicópteros y drones, lo que resultó en la suspensión de los servicios de agua y energía para aproximadamente 200 familias.
Mientras los habitantes afirman que cuentan con facturas de servicios públicos que demuestran la superación de las condiciones de insalubridad originales, las autoridades locales sostienen que los asentamientos contravienen el plan de ordenamiento territorial vigente por estar fuera del perímetro urbano.
Como respuesta a la necesidad de estas personas, el municipio estructuró el proyecto Villa David como una solución habitacional definitiva. No obstante, los reportes oficiales indican que el proceso ha enfrentado obstáculos, pues algunos beneficiarios reciben la vivienda asignada y luego regresan a sus antiguos terrenos, o incluso decidieron arrendar las casas otorgadas por el gobierno.
Algunos residentes sostienen que para trasladarse, exigen que les reconozcan las mejoras de las viviendas que construyeron, algo que, probable, nunca suceda.
El Personero de Yopal enfatizó que el cumplimiento de esta orden judicial es de carácter obligatorio y que poseer una escritura no autoriza a los ciudadanos a ignorar las normas urbanísticas del municipio.
Este es un ejemplo de lo que puede llegar a suceder a esos miles de personas que han adquirido predios con urbanizadores y promotores de brumosa legalidad, que con la incompetencia de las autoridades que se ha convertido en complicidad, han prosperado durante años en la región, pero tarde o temprano, puede que la realidad llegue a tocar su puerta, como les está sucediendo a los habitantes de Cimarrón y Villa Rita.
