Polémica por endeudamiento, Alcalde de Monterrey habría desobedecido orden judicial.
Claudia Villada
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Concejales de oposición del municipio de Monterrey, Casanare, denunciaron un presunto desacato a una orden judicial por parte del alcalde Alejandro Ballesteros y de la mayoría del Concejo Municipal. La situación se origina en el Proyecto de Acuerdo 014 de 2025, que facultaba a la administración municipal para contraer un crédito por 20 mil millones de pesos.
El 21 de octubre, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito Municipal de Monterrey profirió una sentencia de segunda instancia en una acción de tutela interpuesta por los concejales de oposición. El fallo ordenó a la Alcaldía y al Concejo abstenerse de adelantar cualquier actuación dentro del mencionado proyecto de acuerdo, hasta que se defina una medida cautelar solicitada en un proceso de nulidad radicado en Yopal.
Según los denunciantes, esta medida implicaba suspender la aprobación del proyecto en el Concejo, su sanción por parte del alcalde, la firma del crédito y la inclusión de estos recursos en el presupuesto. Sin embargo, el 10 de noviembre el alcalde Ballesteros firmó el crédito con el banco BBVA.
Posteriormente, presentó un proyecto de acuerdo para el presupuesto de 2026 que incluye una partida de 1.300 millones de pesos para el pago de intereses de esta deuda.
El proyecto de presupuesto fue aprobado en primer debate por la Comisión Segunda del Concejo, integrada por cinco concejales, de los cuales tres votaron a favor. Ante esto, el 21 de noviembre los concejales de oposición radicaron un incidente de desacato contra el alcalde y el Concejo.
El Juzgado Primero Municipal otorgó 48 horas a los implicados para que se pronuncien. En su defensa, la administración y el Concejo alegaron que la suspensión del Proyecto de Acuerdo 014 no afectaba al Acuerdo Municipal 012 que de él deriva. Los concejales opositores sostienen que la orden judicial era clara al prohibir cualquier actuación dentro del proceso que llevaría al endeudamiento.
Entre tanto se espera que este caso escale a instancias disciplinarias y fiscales como la Procuraduría y la Contraloría.
