Por el “Cartel de los Filtros” investigados Exgobernador y exalcaldes del Meta.
Prensa
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En una juiciosa investigación de Stiven Lievano, reconocido comunicador del departmento del Meta, presentó un reportaje sobre las investigaciones que adelantan las autoridades, y que tiene en la mira al exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, y a varios de sus excolaboradores, así como a exalcaldes de municipios del Meta, por presuntas irregularidades en la contratación pública durante los años 2022 y 2023.
La firma de abogados G&G Asociados denunció una serie de contratos que, bajo la justificación de mejorar el acceso al agua potable en el departamento, podrían haber causado un daño patrimonial superior a 35 mil millones de pesos.
Entre los señalados se encuentran el exsecretario de Gobierno, Hernán Gómez Niño, la exsecretaria Social, Shirley Marcela Alfonso, y el exsecretario de Educación, Jhon Sanabria. También se investigan los contratos firmados por los exalcaldes de Puerto Gaitán, Jorge Plazas; de Puerto López, Carlos Julio Gutiérrez; y de Mapiripán, Yohan José Rojas Martínez.
Los contratos, destinados a la adquisición e instalación de sistemas de filtración de agua en batallones, centros vida y establecimientos educativos, fueron ejecutados en su mayoría a través de la Gobernación del Meta.
La Contraloría General de la República ya identificó serias inconsistencias en estos procesos, señalando la ausencia de estudios técnicos que justificaran la compra de los filtros de agua H2GO R1, y cuestionando la falta de certificaciones de calidad de los equipos adquiridos.
El contrato más significativo, por un valor de 8.999 millones de pesos, fue ejecutado a través de la Secretaría Social del Meta bajo la administración de Shirley Marcela Alfonso.
Otros contratos, que también son objeto de investigación, incluyen montos de 4.790 millones y 2.344 millones de pesos, ejecutados por la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Educación del Meta, respectivamente.
En las denuncias también se incluyen presuntas irregularidades en la contratación directa de la empresa Capital Investments S.A.S., que estaría detrás de varios de estos contratos. Se investiga la posible falsificación de documentos que acreditan la calidad del agua suministrada, lo que agrava aún más las sospechas de corrupción en estos procesos.
En los municipios de Puerto Gaitán, Puerto López y Mapiripán, las investigaciones revelaron contratos adicionales con la misma empresa, cuyos valores oscilan entre 247 millones y 14.735 millones de pesos, todos adjudicados bajo modalidades contractuales que podrían haber favorecido la existencia de sobrecostos y un presunto daño patrimonial.
Las autoridades continúan investigando para determinar las responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales de los implicados en este caso, que podría tener un impacto significativo en la administración pública del Meta.
