
La Procuraduría General de la Nación responsabilizó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por la desaparición de un menor de edad que era considerado testigo clave en la investigación del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay.
El adolescente, quien estaba bajo custodia del ICBF en un Centro de Emergencia, escapó sin que las autoridades lograran determinar su paradero.
En un comunicado público, la Procuraduría expresó su preocupación por el incumplimiento del ICBF en proteger al menor, quien supuestamente tenía información relevante sobre el caso.
Sin embargo, la directora del ICBF, Astrid Cáceres, respondió que el joven no tenía restricciones de movilidad y que, además, era un migrante, lo que generó críticas por la falta de claridad sobre las medidas de protección que se le habían otorgado.
Expertos en derecho penal, como el abogado Ricardo Burgos, señalaron que tanto el ICBF como la Fiscalía tenían responsabilidades en este caso. «La Fiscalía demoró en formalizar su protección, y el ICBF no garantizó su seguridad a pesar de haberlo recibido bajo su custodia», afirmó Burgos.