Procuraduría y Contraloría acorralan al Fondo Mixto Sierra Nevada por presunto caos contractual.
Claudia Villada
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La premisa de que ciertas figuras contractuales se han convertido en auténticas «máquinas de desangrar regalías» parece encontrar un eco inquietante en las recientes actuaciones del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social Sierra Nevada (FMSN).
Las controversias que rodean a esta entidad, que maneja una cifra escalofriante de más de medio billón de pesos en contratos a nivel nacional, apuntan hacia un patrón preocupante en el manejo de los recursos públicos, especialmente aquellos vitales provenientes del Sistema General de Regalías (SGR).
Al establecer un paralelo entre los departamentos del Meta y La Guajira, se vislumbra cómo el FMSN utiliza un mecanismo contractual que le permite ser designado como ejecutor directo, evadiendo los controles rigurosos de la contratación estatal tradicional.
En La Guajira, la reciente decisión del alcalde de Barrancas, Vicente Berardinelli Carrillo, de asignar $5.897 millones del SGR para el “Fortalecimiento del sistema de gestión documental mediante la implementación de tecnologías de la información y las comunicaciones”, ha puesto nuevamente al Fondo Sierra Nevada bajo los reflectores.
La designación se dio a pesar de que la entidad ya ha sido cuestionada y ha recibido previamente contratos multimillonarios en el mismo municipio, incluyendo uno que superó los $96.000 millones.
Más allá de las cifras, lo que genera una profunda desazón es la aparente alineación política de esta decisión, dado que el alcalde Berardinelli pertenece al mismo círculo de poder de la excongresista María Cristina Soto y su hijo, el representante Juan Loreto Gómez, quienes enfrentan investigaciones por presunto manejo indebido de recursos. Este caso en Barrancas, que avanza a pesar de las alertas políticas y el historial de la entidad, es visto por muchos como un ejemplo de cómo los recursos se encauzan hacia estructuras predeterminadas.
Por otro lado, en Puerto Gaitán, Meta, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa por presuntas irregularidades en la designación del Fondo Sierra Nevada como ejecutor de un contrato por $18.372’331.865. Estos recursos estaban destinados a adelantar estudios y diseños para el mejoramiento de vías rurales.
El ente de control busca esclarecer si hubo un incumplimiento de los requisitos del SGR para la viabilización y aprobación del proyecto. Los denunciantes han expresado su temor de que el Fondo Mixto Sierra Nevada, al ser designado, haya vulnerado los principios fundamentales de transparencia, selección objetiva y pluralidad de oferentes en la contratación estatal.
Mientras en Barrancas el contrato sigue su curso a pesar de los vínculos políticos que lo rodean, en Puerto Gaitán, la actuación de la Procuraduría busca detener o al menos esclarecer si el uso de esta figura contractual esconde un atropello a la ley.
Estas situaciones regionales adquieren una dimensión mucho más alarmante cuando se revisan los señalamientos más amplios recogidos por nuestro portal de noticias CasanareOnline.co.
El FMSN, siendo creado como un fondo cultural en el pequeño municipio de La Paz, Cesar, ha crecido exponencialmente hasta manejar $600.000 millones en contratos a nivel nacional, de los cuales unos $200.000 millones provienen exclusivamente de las regalías de La Guajira.
Este crecimiento desmedido se facilita porque su naturaleza de derecho privado le permite operar como un “contratadero” que elude la Ley 80, posibilitando los contratos a dedo. Esta ruta, según fuentes del Congreso, no solo encarece las obras al sumar las ganancias del intermediario, sino que facilita la “esfumación” de los recursos en materia de control fiscal, llevando a obras deficientes o, tristemente, a «elefantes blancos».
La Contraloría investiga 45 contratos de “Apoyo a la Supervisión” para proyectos en Arauca, Casanare, Meta, Vaupés y Vichada, cuyo valor total ascendía a más de casi $290.000 millones, donde el Fondo Mixto Sierra Nevada, al parecer contrató a la ingeniera civil, Erika Andrea Cotes Guerra, mediante 45 contratos de prestación de servicios para realizar la fiscalización de estos 45 proyectos.
Esta profesional, recién graduada en enero de 2023, presuntamente ejerció la supervisión integral de toda esta cartera, contraviniendo la ley que exige que dicha función recaiga en un funcionario de planta.
Esto ha derivado en un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal, con un detrimento patrimonial calculado en $1.804 millones, obligando el traslado del caso a la Procuraduría y la Fiscalía.
Todo esto reafirma la delicada situación en que se encuentra el Fondo Mixto Sierra Nevada ante los entes de control y las autoridades, poniendo de nuevo en la lupa a esta figura que permite a los mandatarios regionales realizar convenios para, de alguna manera, evadir la licitaciones y contratar directamente los proyectos si importar el tamaño de la inversión y con una posibilidad inocua de poder fiscalizar la ejecución de los recursos.
