¿Qué pasa con el Contralor de Casanare? Choque de trenes en la Asamblea por elección fallida.
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Durante la sesión ordinaria del 6 de abril de 2026, la Asamblea Departamental de Casanare fue escenario de un fuerte debate centrado en la parálisis del proceso para elegir al Contralor Departamental.
La discusión, marcada por acusaciones de irregularidades legales y conveniencias políticas, enfrentó directamente a la actual mesa directiva con la presidencia del año anterior.
El debate inició cuando el segundo vicepresidente, Juan Fernando Mancipe, solicitó información formal sobre los avances de la convocatoria pública, recordando que bajo su presidencia en 2025 se firmó un contrato con la Universidad Distrital para este fin. Mancipe cuestionó la falta de transparencia en las actuaciones actuales, sugiriendo que la demora beneficia al gobierno departamental al mantener un contralor encargado y acusó a la presidencia de actuar «de espaldas a la plenaria» al no dar lectura a la correspondencia enviada por la universidad.
Por su parte, el presidente de la corporación, Henry Joney Pérez, justificó la suspensión del proceso argumentando el hallazgo de «inconsistencias» y «graves riesgos jurídicos» que comprometían la seguridad de la elección. Pérez informó que se emitió una resolución revocando la convocatoria y que se ha solicitado a la Universidad Distrital la terminación anticipada y bilateral del contrato.
Asimismo, señaló que la Asamblea radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial. En su intervención, Pérez elevó el tono de la confrontación al mencionar que se estudian posibles acciones legales contra Mancipe por presunto prevaricato, celebración de contratos sin requisitos legales y supuesta adulteración de firmas en el proceso anterior.
El diputado Jorge Eduardo García intervino para exigir que las acusaciones de delitos se trasladen a los estrados judiciales. García cuestionó al presidente Pérez sobre la existencia real de denuncias ante la Fiscalía o la Procuraduría, advirtiendo que, de no presentarse pruebas y denuncias formales, las declaraciones en el recinto quedarían como simples «chismes» o falta de diligencia por complicidad.
Ante esto, Mancipe retó al presidente a denunciarlo con celeridad, defendiendo la rigurosidad de su actuación previa y criticando lo que denominó «suposiciones sin fondo». El proceso permanece actualmente en una etapa de revisión jurídica y a la espera de respuestas por parte de los entes de control para determinar el curso de una nueva convocatoria.
