El juez segundo de familia, Juan Carlos Florez, expresó su preocupación ante el incremento de casos de violencia intrafamiliar en Casanare. Según sus declaraciones, su despacho emitió en promedio seis órdenes de arresto semanales a individuos recurrentes en esta conducta delictiva. Sin embargo, señaló que no tiene información precisa sobre cuántas de estas órdenes se hicieron efectivas.
Emisión de Órdenes de Arresto y Sanciones
El juez Florez indicó que su despacho actúa como segunda instancia después de las comisarías de familia, sancionando no solo con multas, sino también con arrestos de hasta 45 días. El despacho resolvió aproximadamente cinco o seis casos semanales relacionados con violencia intrafamiliar. Florez subrayó que, aunque los jueces tienen la facultad de ordenar arrestos, en muchos casos estos no se hacen efectivos, lo que podría contribuir a la reincidencia de los agresores.
Factores Contribuyentes a la Violencia Intrafamiliar
El juez identificó varios factores que podrían estar contribuyendo al aumento de la violencia en los hogares, como el consumo de alcohol, la falta de tolerancia, la situación económica y la pobreza. Florez insistió en la necesidad de implementar estrategias preventivas para abordar estos problemas y evitar consecuencias más graves, como el feminicidio.
Limitaciones en la Ejecución de Órdenes
Florez reconoció las dificultades para hacer efectivas las órdenes de arresto debido a la congestión en el sistema judicial y la falta de espacios adecuados para la detención de los infractores. Indicó que la ley permite a los agresores pagar una multa como primera medida, y si no se paga, se convierte en arresto. Sin embargo, debido a la falta de infraestructura, muchas veces las órdenes de arresto no se cumplen; según estadísticas oficiales, estos sería la cantidad de casos o delito violencia intrafamiliar a nivel nacional; año 2022 – 54.033; año 2023 – 76.498 y año 2024 hasta el 31 de mayo – 46.169.
Apoyo Institucional y Barreras Administrativas
El juez destacó la necesidad de una mayor coordinación entre las autoridades judiciales, municipales y departamentales para garantizar la implementación efectiva de las medidas judiciales. Señaló que, aunque su despacho cumple con dictar las medidas necesarias, la ejecución de estas medidas depende de otras entidades. Florez hizo un llamado a las autoridades municipales y departamentales para que revisen y fortalezcan las campañas de prevención y respuesta ante la violencia intrafamiliar.
Recordar que le pasado 18 de marzo, La Personería de Yopal y la Procuraduría Regional Casanare, convocaron a una mesa de trabajo institucional; el objetivo principal fue revisar los procedimientos y motivos por los cuales no se habían ejecutado 129 órdenes de arresto pendientes por violencia intrafamiliar en Yopal; ordenes priorizada de casos de personas reincidentes o demasiado violentas, pero a la fecha no se ha evidenciado ningún operativo o plan de acción frente a este tema, es decir que los infractores aun siguen sin ser retenidos y el numero de casos sigue aumentando exponencialmente.
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Informe de la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo también ha emitido un comunicado subrayando la importancia de implementar políticas públicas efectivas para erradicar la violencia de género. Entre enero y mayo de este año, se registraron 47 feminicidios en el país, con los departamentos de Cundinamarca y Valle del Cauca reportando el mayor número de casos. La Defensoría instó al Gobierno Nacional a seguir de cerca las denuncias de violencia contra mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas, para asegurar una respuesta efectiva y garantizar sus derechos.
Resulta preocupante que siga predominando la violencia psicológica, con 2783 casos; le siguieron la física, con 1461; económica, 1158; patrimonial, 746, y la sexual, con 577 casos. Es importante remarcar que, en un solo caso atendido, pueden ser registrados diferentes tipos de violencia; para un total de 6725
Conclusiones
El aumento de casos de violencia intrafamiliar y las dificultades para ejecutar las medidas judiciales subrayan la necesidad de una respuesta integral y coordinada de las autoridades para abordar este problema. El juez Florez y la Defensoría del Pueblo han enfatizado la importancia de prevenir estos delitos y proteger a las víctimas mediante la implementación de políticas efectivas y una mejor infraestructura para hacer cumplir las órdenes judiciales.