Si va a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos le puede tocar el turno 2.691. Denuncian graves demoras por falta de personal.
Claudia Villada 
Cientos de ciudadanos, abogados, constructoras y usuarios han denunciado la deficiente prestación del servicio en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Yopal, a cargo de su directora, María Nelly Perafán.
Los afectados aseguran que los prolongados retrasos en la firma de escrituras, el registro de documentos y otros trámites están generando graves perjuicios económicos y jurídicos para numerosas familias casanareñas.
De acuerdo con los denunciantes, los tiempos de respuesta continúan superando ampliamente los plazos esperados, impidiendo la legalización de compraventas, el desembolso de créditos hipotecarios, la constitución de garantías y otros procedimientos indispensables para el desarrollo de actividades comerciales y patrimoniales.
La situación resulta aún más preocupante porque, mediante un comunicado emitido en abril, la entidad informó que los retrasos en la calificación de los registros obedecían a la falta de personal. Sin embargo, según información conocida recientemente, la oficina ya cuenta con nuevos funcionarios contratados, pero los usuarios aseguran que las demoras y las deficiencias en la atención persisten sin una solución efectiva.
Las críticas también recaen sobre la dirección de la oficina, frente a la cual los ciudadanos solicitan explicaciones y la adopción de medidas urgentes que permitan superar la crisis en la prestación del servicio.
La Registradora de Casanare comunicó la Superintendencia de Notariado y Registro, quienes respondieron manifestando que existe un retraso de 2.260 turnos para realizar diligencias documentales en dicha oficina, lo que supera cualquier expectativa y frena la productividad del departamento en frentes tan importantes como lo es la construcción
Los afectados han hecho un llamado a la Superintendencia de Notariado y Registro para que evalúe la situación, determine las causas de los retrasos y adopte acciones que garanticen un servicio eficiente, oportuno y acorde con las necesidades de los ciudadanos, quienes afirman no poder seguir asumiendo las consecuencias de una presunta inoperancia administrativa que compromete su patrimonio y seguridad jurídica.
