Sociedad civil de Casanare lleva al Estado ante la justicia por expansión de la violencia armada en la región.
Claudia Villada 
El Tribunal Administrativo de Casanare dio un paso determinante al admitir una acción popular que pone bajo la lupa la gestión del Gobierno nacional frente al orden público en la región.
La magistrada Inés del Pilar Núñez Cruz reconoció la legitimidad de la Fundación para el Estado de Derecho para demandar al presidente Gustavo Petro y a los ministerios de Defensa e Interior por presuntas omisiones en su deber de proteger a la población.
Esta batalla legal surge tras denuncias sobre un deterioro sostenido de la seguridad desde el año 2023, periodo en el que se implementaron diversos ceses al fuego que, según el documento, facilitaron la expansión de estructuras criminales.
La demanda sostiene que el Estado ha fallado en su obligación constitucional de mantener el orden público, permitiendo que grupos como el ELN y las disidencias de las FARC consoliden su control territorial. El demandante asegura que estas entidades nacionales no han implementado medidas efectivas para verificar los acuerdos de paz, lo que ha generado un escenario de impunidad y zozobra ciudadana.
Los informes presentados como prueba detallan un aumento de homicidios y masacres, además de ataques directos contra misiones médicas y líderes ambientales en la región de la Orinoquía. Al pedir un plan de recuperación integral, el proceso judicial busca que los caminos y ríos de Casanare vuelvan a ser escenarios de encuentro social y no corredores de guerra y desplazamiento.
La comunidad espera que esta intervención judicial detenga la devastación de sus cultivos y restablezca la armonía social que la guerra les ha arrebatado.
Con la admisión de este recurso, la justicia colombiana abre la puerta para examinar si la estrategia de paz actual ha sacrificado derechos colectivos esenciales como la seguridad pública y la moralidad administrativa. Ahora la justicia deberá decidir si ordena medidas cautelares urgentes para recuperar el control institucional y garantizar que el interés general prevalezca sobre las estructuras ilegales.
