Claudia Villada 
El calendario finalmente marcó el día esperado para las familias de Franque Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza. Tras permanecer más de trescientos sesenta y cinco días privados de su libertad, los dos agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional recobran su autonomía este 16 de junio de 2026.
El grupo guerrillero ELN, a través de su Frente de Guerra Oriental dirigido por Manuel Vásquez Castaño, anunció la entrega de los uniformados bajo el argumento de haber cumplido una supuesta pena impuesta de manera unilateral por la organización al margen de la ley.
La historia de este cautiverio comenzó el 20 de julio de 2025 en las zonas rurales de Tame, Arauca, cuando los investigadores adelantaban diligencias propias de su cargo en el área criminal.
Desde aquel momento, el silencio fue interrumpido esporádicamente por pruebas de supervivencia que recordaban el drama humano detrás de las cifras del conflicto armado.
En abril de este año, los rostros de Hoyos y Pérez aparecieron en videos donde el cansancio era evidente y el clamor por empatía se dirigía directamente a la presidencia de la República. Los uniformados expresaron entonces el dolor de sentirse olvidados por una institución a la que dedicaron sus vidas, mientras sus parientes enfrentaban la angustia diaria de la ausencia y la incertidumbre.
Este proceso de liberación, aunque representa un alivio profundo para el entorno cercano de los policías, ocurre bajo condiciones que las autoridades colombianas no reconocen como legítimas.
El sistema judicial ordinario no avala los procedimientos internos de la guerrilla ni las condenas que pretenden imponer sobre ciudadanos o funcionarios públicos en los territorios apartados.
Mientras estos dos hombres se preparan para el reencuentro con su hogar, la sombra de la retención ilegal persiste en la región de Arauca. Otros dos integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, permanecen bajo el control del mismo frente guerrillero desde mayo de 2025.
Para ellos, la organización armada ha proyectado tiempos de cautiverio que podrían superar los cinco años, manteniendo en vilo a una comunidad que clama permanentemente por el respeto a la vida y la libertad integral de todos los servidores del Estado.
