
El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió negar la demanda de pérdida de investidura interpuesta contra la concejala de Hato Corozal, Luz Mila Piñeros Molano, por presunto conflicto de intereses en la aprobación de un acuerdo municipal que benefició a su núcleo familiar con subsidios de vivienda. La sentencia, proferida el 2 de abril de 2025, determinó que no se configuraron los elementos necesarios para declarar la pérdida de investidura.
El caso surgió tras la aprobación del Acuerdo Municipal PTA 200-02-006 del 10 de septiembre de 2022, que autorizó al alcalde de Hato Corozal otorgar subsidios de vivienda urbana para víctimas del conflicto armado en el proyecto «Alcaraván del Norte».


El demandante, Gonzalo Ramos Rojas, alegó que Piñeros Molano, quien también era directiva de la mesa municipal de víctimas y representante legal de la fundación «Forjando Caminos de Esperanza», votó a favor del acuerdo sin declararse impedida, beneficiando directamente a sus hijos con los subsidios.
El Tribunal analizó las pruebas y concluyó que, aunque Piñeros Molano y su núcleo familiar recibieron los subsidios, no se demostró que su participación en la votación del acuerdo estuviera motivada por un interés personal. La Sala destacó que el proyecto buscaba atender a víctimas del conflicto armado en general, sin que la concejala tuviera control sobre la selección final de beneficiarios. Además, se resaltó que la convocatoria fue pública y que los requisitos para acceder a los subsidios fueron evaluados por un comité técnico independiente.
La decisión judicial también consideró que la concejala actuó en su rol de lideresa social, representando a una comunidad vulnerable, sin que ello implicara un beneficio exclusivo para ella o su familia. Finalmente, el Tribunal declaró probada la excepción de ausencia de elementos subjetivos sancionables y negó las pretensiones de la demanda, sin imponer costas procesales.