Tribunal de Yopal condena a 200 meses Suboficial jubilado de la Policía por abuso sexual de menor.
Claudia Villada 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal revocó una sentencia absolutoria y condenó a Didier Augusto Cabrera Díaz, ex sargento de la Policía Nacional, como autor del delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años agravado.
Los hechos ocurrieron en enero de 2015 en el municipio de Pore, Casanare, cuando la víctima, una joven de 13 años, fue agredida sexualmente.
La decisión de segunda instancia, proferida el 13 de noviembre de 2025, determinó que existían pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado. El tribunal destacó la credibilidad del testimonio de la víctima, que se mantuvo coherente a lo largo de todo el proceso, y la existencia de un peritaje psicológico que confirmó secuelas emocionales compatibles con un abuso sexual.
En enero de 2015, este hombre la invitó a salir, la llevó a una cabaña a las afueras del municipio y la accedió carnalmente. Semanas después de lo ocurrido, se conoció que la víctima estaba embarazada.
A los pocos días este hombre la invitó a salir, la llevó a una cabaña a las afueras del municipio y la accedió carnalmente. Semanas después de lo ocurrido, se conoció que la víctima estaba embarazada.
Este hombre fue condenado a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo tiempo de la pena principal. Además, el Tribunal le negó la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria. Contra la decisión procede el recurso de casación.
Uno de los elementos clave que inclinó la balanza fue el pago de 60 millones de pesos que el procesado, a través de su abogado, entregó a la víctima y a su madre en 2016. El tribunal consideró que este dinero constituyó un intento de comprar su silencio y lograr una retractación, lo que representó un indicio grave de culpabilidad.
La sentencia destaca que el acusado aprovechó su posición de autoridad como comandante de la estación de Policía de Pore y la confianza que le inspiraba a la menor, quien acudía a él para que le firmara fichas médicas.
El fallo también critica las preguntas impertinentes y revictimizantes que se formularon a la joven durante el juicio.
El suboficial fue condenado a 200 meses de prisión y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo tiempo de la pena principal. Además, el Tribunal le negó la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria. Contra la decisión procede el recurso de casación.
El tribunal ordenó su captura inmediata y denegó cualquier subrogado penal, dada la gravedad de los hechos. Además, se compulsaron copias a la Fiscalía para investigar posibles delitos adicionales relacionados con el pago de los 60 millones de pesos.
