Procuraduría investiga a funcionarios implicados en la construccion del muro del malecón de Yopal.
Claudia Villada
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La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra Guillermo Alberto Pérez Torres, exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare, y Leonidas Ortega Urbano, representante legal del Consorcio IMC, por presuntas irregularidades en el proyecto del muro de contención en Yopal, una obra clave para mitigar riesgos de socavación e inundaciones.
El ente de control investiga inconsistencias en certificaciones de avance de la obra. En documentos con fechas de octubre y noviembre de 2023, la Gobernación de Casanare reportó avances del 80% y 90%, respectivamente, generando dudas sobre la veracidad de los informes y la situación real del proyecto.
Además, se cuestiona el papel de la interventoría contratada por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD) desde Bogotá, que, al parecer, no certificó adecuadamente el progreso ni realizó un efectivo seguimiento a la ejecución de las actividades.
La investigación busca esclarecer la responsabilidad de Pérez Torres en las actividades de seguimiento, vigilancia y control, especialmente al no haberse declarado el incumplimiento del contratista ya que la obra no fue culminada en el plazo previsto, pese a que ya no estaba vinculado a este ente departamental desde hacia mas de una año; en octubre de 2023, el mismo Guillermo Pérez denunció públicamente a través de sus redes sociales mediante un polémico video, una presunta pérdida de 40.000 millones de pesos en esta obra.
Las afirmaciones de Perez, fueron desmentidas días después por Yair Pacheco, alto funcionario de la gestión del riesgo en Casanare, quien era el encargado de dar apoyo en la supervisión de la obra y quien a pesar de ser prácticamente el directo responsable, no ha sido vinculado a la investigación por la Procuraduría, además, aun permanezca vinculado a esta oficina, ademas llamó la atención en su momento que fuera él y no el director, quien saliera a dar explicaciones sobre la denuncia de Perez.
También se analiza el rol de Leonidas Ortega Urbano, representante del Consorcio IMC, quien suscribió el contrato que a la fecha de vencimiento no había sido ejecutado en su totalidad.
La investigaciones no han vinculado a Arbey Méndez, quien asumió como director de gestión del riesgo departamental en julio de 2022, y que aun estaba en funciones a la fecha de los hechos investigados por la Procuraduría, es decir octubre y noviembre de 2023; ni a los funcionarios de la interventoría contratada por la UNGRD, pese a ser la principal responsable de reportar fallas en la ejecución.
Cabe recordar que el contrato investigado no correspondía a la construcción del malecón, sino al desarrollo del muro de protección que se proyectó como base para futuras obras en la zona.
El panorama así, dejaría una evidencia de que esto es apenas el inicio de una larga investigación donde serían muchos los funcionarios implicados, si se da el caso que la Procuraduría lleve esta investigación con transparencia y hasta las ultimas consecuencias.
