
Una serie de amenazas, hostigamientos y seguimientos desde 2023, había denunciado la dirigente cívica y empresaria aguazuleña LIDA KATHERINE ROJAS TORRES, asesinada el sábado 23 de noviembre en zona rural de Aguazul, situaciones que de haberse atendido cuando ella las denunció no hubieran finalizado en la tragedia que hoy sacude a su familia.
Acerca de este trágico hecho, se ha cuestionado también la escasa atención que las autoridades de Casanare le brindaron a este caso, incluso para el levantamiento del cadáver, diligencia que no pudo materializarse ante la negativa de Ejército y Policía de brindar la cobertura para realizar el procedimiento.
Una vez se dio inicio a los llamados de ayuda ante las autoridades para atender el hecho, y ante la negativa para permitir el desplazamiento al sector, la presencia de una comisión humanitaria conformada por las Secretarías de Gobierno de la Gobernación y la Alcaldía, la Defensoría del Pueblo y un vocero de la Iglesia Católica, fue el mecanismo que permitió el rescate del cadáver.
Igualmente, tampoco nadie ha sido requerido por autoridad alguna para dar inicio a las pesquisas conducente al esclarecimiento del homicidio. Incluso, la recuperación del vehículo en el cual LIDA llegó hasta el lugar donde ocurrió su muerte, fue posible gracias a familiares suyos que también sin protección acudieron al lugar de los hechos, ubicada en inmediaciones de la vereda El Triunfo.
En cuanto a las amenazas, se conoció que desde 2023, LIDA KATHERINE (empresaria del sector de la salud con amplio reconocimiento social en sectores rurales y urbanos de su municipio) había sido objeto de seguimientos por parte de desconocidos que la abordaron incluso en el sitio donde tenía su lugar de residencia habitual.
“En alguna oportunidad la interceptaron hombres en moto, confirmaron su identidad y luego comenzaron a preguntarle si conocía personas y otros tipos de preguntas muy extrañas”, estos sujetos se identificaron como supuestos miembros de “organismos de seguridad del Estado”.
Este tipo de movimientos extraños y sospechosos se apreciaron tanto en inmediaciones de su casa como de su lugar de trabajo.
De manera coincidente, por esas fechas y hasta este año, la joven madre de familia y líder cívica, comenzó a recibir llamadas extorsivas, mensajes y citaciones, a nombre de “grupos al margen de la ley”, concretamente de grupos que operan en la zona y que hacen activa presencia en dicho sector rural de Aguazul, zona de influencia petrolera.
Este medio conoció, incluso, que reiterativamente le habían hecho citaciones, con el fin de pactar el pago de exigencias económicas.
En marzo pasado, la situación de seguimientos se agudizó al punto que dos sujetos, en clara actitud sospechosa, merodeaban en inmediaciones de su domicilio.
Esta cadena de hechos, amenazas y extorsiones, fueron puestos en conocimiento de autoridades como Fiscalía, Ejército y Policía (SIJIN), entre otras, las cuales no activaron mecanismos de protección hacia la líder social, empresaria, dirigente cívica y madre de familia.
También, instancias como el Mecanismo de Monitoreo y Verificación de la ONU, Regional Casanare; la Unidad Nacional de Protección, Defensoría del Pueblo y las administraciones departamental y municipal, conocían de la situación de amenazas y vulnerabilidad de LIDA ROJAS TORRES.