458 meses de cárcel para migrantes que atacaron y violentaron a una mujer Peruana en Hato Corozal.
Claudia Villada 
Un proceso contra cuatro migrantes venezolanos acusados de tortura y acceso carnal violento dio un giro definitivo el 12 de marzo de 2025, tras la inesperada aparición de la victima, que enfrentó valientemente a sus agresores, llevando a que hace pocos días fuera formalizada la sentencia a más de 38 años de prisión para los venezolanos.
El caso enfrentaba dificultades por la ausencia de testigos presenciales y los sindicados estaban a punto de recuperar la libertad, pero el compromiso y la voluntad de uno de los investigadores arrojó resultado; ese día hizo la inesperada comparecencia en la audiencia la propia la víctima, Anelly Sánchez Espinoza, una mujer peruana de 29 años, cuyo valor al enfrentar a sus agresores, permitió conducir a una sentencia condenatoria con penas severas.
Hasta ese momento, Eduard Alexander Álvarez Farrera (23), Jean Carlos Guillermo Cordero (21), Yunier José Colmenares Mendoza (21) y Angélica Pastora Perzo Lucero (36) se mostraban relajados en la sala. La Fiscalía había perdido contacto con la peruana luego de que fuera dada de alta del Hospital Regional de la Orinoquia, y los acusados estaban tan confiados que incluso reían, seguros de que quedarían en libertad.
Esa certeza se desvaneció en un instante. El silencio se apoderó del tribunal cuando el ente acusador presentó formalmente a Anelly como testigo principal del proceso.
Con una voz entrecortada, pero sostenida por una inquebrantable firmeza, la víctima miró directamente a los ojos de sus atacantes y los señaló uno a uno: «Fueron ellos». El relato de los vejámenes sufridos estremeció a la sala, y el impacto psicológico fue tal que las sonrisas desaparecieron de los rostros de los acusados.
Esta confrontación marca un hito crucial que permite a la Fiscalía aplicar todo el peso de la ley, buscando penas severas por los atroces delitos cometidos.
Los hechos que definen esta condena se remontan a la noche del 18 de mayo de 2022, en la jurisdicción de Hato Corozal. Anelly Sánchez Espinoza y su compañero, ambos migrantes desplazándose hacia Bogotá, se resguardaban de la lluvia en una casa abandonada en el sector de La Capilla. Allí fueron abordados por seis personas, incluyendo a los hoy acusados, a quienes conocían superficialmente de su travesía.
La agresión comenzó bajo el pretexto de un supuesto hurto de un desodorante. Eduard Alexander Álvarez Farrera, alias “Negro”, y Angélica Pastora Perzo Lucero, alias “Angélica”, procedieron a reducir al compañero de la víctima, Jairo Josue Hurtado Rodriguez, intimidándolo con armas cortopunzantes para evitar que actuara. Mientras tanto, Nervin Leonardy Moreno Pinto, alias “Jean Carlos”, y Yunier José Colmenares Mendoza, alias “Flaco”, procedieron a reducir e intimidar a Anelly.
La mujer fue sometida a un proceso de deshumanización y humillación. Fue tomada por el cabello, obligada a caminar cerca de tres kilómetros por la vía marginal de la selva y luego ingresada a un terreno boscoso, donde fue obligada a desnudarse. En un acto de castigo y sometimiento, fue golpeada, torturada, amarrada de pies y manos e incluso le cortaron el cabello. Además, le causaron profundas heridas con arma blanca en el abdomen.
Aunque la investigación inicial trató el caso como receptación, gracias a la dedicación de los investigadores, el avance judicial logró formalizar la imputación por tortura y acceso carnal violento.
La valentía de la víctima, que decidió enfrentar a quienes la hirieron y humillaron, es la prueba fundamental que permitirá que la ley proteja sus derechos fundamentales y consolide las sentencias de más de 38 años de prisión para sus atacantes.
