Peruana víctima de tortura y abuso en Hato Corozal enfrentó a sus agresores en el estrado.

El dolor y la valentía se hicieron presentes en la última audiencia del juicio contra cuatro migrantes acusados de tortura y acceso carnal violento en Hato Corozal, Casanare. Anelly Sánchez Espinoza, una mujer peruana de 29 años, se presentó ante el tribunal y miró directamente a los ojos a sus agresores, narrando con precisión los atroces hechos que marcaron su vida.

La pesadilla de Sánchez Espinoza comenzó el 18 de mayo de 2022, cuando ella y su pareja se refugiaban de la lluvia en el sector de La Capilla. Nunca imaginaron que ese día se convertiría en el más aterradora de sus vidas. Seis personas extranjeras los abordaron, los intimidaron con armas blancas y separaron a Anelly de su compañero. Entre burlas y amenazas, la obligaron a adentrarse en una zona boscosa, donde fue sometida a un infierno de dolor y humillación.

La mujer fue golpeada, torturada y sometida a un abuso despiadado. Le cortaron el cabello como símbolo de sometimiento y le causaron profundas heridas con arma blanca en el abdomen. Su cuerpo quedó marcado, pero su alma quedó aún más herida. Su única culpa: estar en el lugar equivocado en el momento equivocado.

Los responsables fueron identificados como Eduard Alexander Álvarez Farrera (23 años), Jean Carlos Guillermo Cordero (21 años), Yunier José Colmenares Mendoza (21 años) y Angélica Pastora Perzo Lucero (36 años). En un principio fueron seis los detenidos, pero dos mujeres fueron excluidas del proceso.

El 20 de mayo de 2022, en la Marginal del Llano, en el sector de Araguanei, tramo Yopal-Pore, los acusados fueron capturados por la Policía. Entre sus pertenencias se hallaron objetos de la víctima, pruebas contundentes de su participación en el crimen. En un inicio, el caso fue tratado inicialmente como un delito de receptación, pero gracias al esfuerzo de la Fiscalía, con el avance de la investigación se formalizó la imputación por tortura y acceso carnal violento.

Hasta hace poco, la Fiscalía enfrentaba dificultades en el caso. No había testigos presenciales de los hechos y las pruebas documentales, aunque contundentes, no parecían suficientes para obtener una sentencia condenatoria. Los acusados estaban seguros de que luego de esta audiencia quedarían en libertad. Se reían. Se mostraban confiados, puesto que luego de que la Peruana había sido dada de alta del Hospital Regional de la Orinoquia, se había perdido todo contacto con ella.

Pero todo cambió el día de la audiencia. La sala quedó en silencio cuando el ente acusador hizo la presentación formal de la víctima. Anelly, como testigo oficial en el proceso.

Con la voz entrecortada pero firme, señaló uno a uno a sus agresores. «Fueron ellos», dijo. Y entonces, su relato estremeció a todos los presentes.

Uno a uno, narró los vejámenes que sufrió esa noche. Cada palabra fue un golpe psicológico para sus atacantes, que ya no reían; enfrentar a quienes le hicieron tanto daño no fue fácil, pero lo hizo. Y su valentía cambió el rumbo del juicio.

Ahora, la Fiscalía confía en que el testimonio de Anelly sea la pieza clave para que se haga justicia. Se espera que en las próximas audiencias se emita una sentencia condenatoria contra los acusados, quienes enfrentan penas severas por los delitos cometidos.

Esta es una prueba de que cuando los migrantes comenten delitos en este país, si se les puede aplicar todo el peso de la ley, y que a pesar de que la victima es extranjera, la ley debe y puede proteger su vida y sus derechos fundamenteles.