El por qué un muro derribado en el quinto piso pone en peligro a todo un conjunto residencial.
Claudia Villada 
En el conjunto residencial Torres de San Marcos, ubicado en la ciudad de Yopal, Un nuevo propietario inició la demolición de paredes internas en su apartamento del quinto piso sin considerar que el diseño de estas torres depende exclusivamente de sus muros de carga para mantenerse en pie.
Al percatarse del avance de la pica y el mazo, y ante la negativa del responsable a detener la obra, los residentes tomaron la decisión de cortar el suministro eléctrico para impedir que continuara la destrucción de la estructura interna.
La situación escaló hasta requerir la presencia del comandante de la Policía de Yopal y representantes de la Secretaría de Gobierno, ya que el presunto infractor es un funcionario activo de la institución policial, cosa que luego fue desmentida por las autoridades.
Según los testimonios de los vecinos, el hombre reaccionó con una actitud desafiante, alegando que dentro de su propiedad tenía la libertad de realizar los cambios que deseara. No obstante, la inspección técnica posterior confirmó que los trabajos se ejecutaban sin la autorización de la administración del conjunto y violando el régimen de propiedad horizontal.
Desde la perspectiva técnica, el arquitecto Ernesto Mendoza explicó que este sistema constructivo es autoportante y funciona como una sola pieza sólida donde cada muro cumple una función vital.
Al retirar cualquiera de estos elementos, se compromete la rigidez estructural de todo el edificio, sin importar si la modificación ocurre en la base o en el último nivel. Mendoza enfatizó que existe una creencia errónea entre algunos propietarios al pensar que vivir en el quinto piso reduce el riesgo por no soportar cargas superiores, pero la realidad técnica indica que la estructura completa puede ceder al perder su equilibrio original.
Como consecuencia directa de estas acciones, el diseñador del edificio y la constructora anulan automáticamente cualquier garantía sobre la integridad de la torre.
El propietario ahora se enfrenta a un proceso administrativo donde la oficina de inspección urbana determinará multas económicas calculadas sobre los metros cuadrados afectados y el valor de los salarios mínimos vigentes. Actualmente, la obra permanece sellada y el infractor tiene la obligación de financiar un peritaje técnico realizado por un ingeniero especialista para definir las reparaciones necesarias que permitan mitigar el daño causado.
Las autoridades recordaron a la ciudadanía que en este tipo de viviendas solo están permitidas las reparaciones locativas básicas, tales como cambios de piso, pintura o mantenimiento de acabados.
Cualquier intervención que afecte la estructura debe pasar obligatoriamente por un proceso de autorización ante las curadurías urbanas para evitar tragedias.
Por ahora, los habitantes de Torres de San Marcos permanecen a la espera de los informes oficiales que confirmen si su hogar sigue siendo un lugar seguro tras la intervención realizada en la edificación.
