Alcaldía de Yopal logra triunfo jurídico ante la Corte Constitucional y asegura $15.000 millones anuales por cobro de ICA a bancos.
Editor 
La Alcaldía de Yopal obtuvo un importante triunfo jurídico para su administración en la disputa que sostenía con el gremio bancario por el cobro del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El proceso, que pasó por diferentes instancias judiciales y llegó hasta la Corte Constitucional, culminó con la ratificación de la facultad del municipio para aplicar la tarifa del 20 x 1.000.
Con esta decisión, Yopal asegura recursos que pueden alcanzar cerca de 15.000 millones de pesos anuales. Estos ingresos serán destinados a fortalecer inversiones en áreas prioritarias como infraestructura vial, vivienda, educación y otros programas de desarrollo para la ciudad.
El caso se originó a partir de la demanda presentada por Asobancaria contra el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, correspondiente al Estatuto de Rentas de Yopal.
El gremio argumentaba que el municipio debía aplicar una tarifa máxima del 14 x 1.000, similar a la que se cobra en Bogotá. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron que, en virtud del principio de autonomía tributaria, Yopal puede fijar sus propias tarifas dentro del rango permitido por la ley para las ciudades capitales del país, es decir, hasta el 30 x 1.000 si lo justifica ante su concejo municipal.
Además del impacto local, el fallo representa un precedente jurídico constitucional de alcance nacional, ya que reafirma la autonomía de las ciudades capitales para definir sus tarifas dentro de los márgenes legales establecidos.
De esta manera, otras capitales del país podrán tomar esta decisión como referencia en casos similares relacionados con el cobro del ICA a entidades financieras.
La Administración Municipal destacó que este resultado es fruto del trabajo jurídico adelantado por el equipo legal del municipio y reafirma la defensa de los intereses fiscales de Yopal, que emprendió una lucha jurídica contra una de las organizaciones más poderosas del país.
Asimismo, reiteró que las entidades financieras que operan en la ciudad deberán cumplir con las disposiciones establecidas en el Estatuto de Rentas vigente, sin que exista posibilidad de oponerse por este precedente constitucional.
La pregunta es, ¿Cómo impactará esta medida las operaciones bancarias de los casanareños?, pues es apenas obvio que los que terminan pagando este impuesto son los usuarios y no los bancos.
