Entre la presión social y el prevaricato: la encrucijada de los concejales de Yopal frente a la construcción del Centro Social.
Editor 
El debate sobre la nueva sede del colegio Centro Social en Yopal se ha convertido en una verdadera papa caliente para el concejo municipal. Los cabildantes enfrentan actualmente la presión de una comunidad educativa que exige soluciones para una nueva sede, mientras el marco legal vigente restringe severamente su margen de acción.
El proyecto actual se apoya fundamentalmente en el acuerdo 017 de 2014, una norma que hoy se encuentra bajo la sombra de una nulidad declarada en primera instancia por un juez de la República.
Aprobar la iniciativa bajo las condiciones presentadas por la administración podría exponer a los concejales a procesos por prevaricato, aseguró el concejal de Yopal Alberto Vega, dado que la ley colombiana prohíbe modificar usos de suelo mediante proyectos individuales fuera de la revisión general del plan de ordenamiento territorial.
Aunque el municipio dispone de aproximadamente 17,500 millones de pesos provenientes de un cupo de endeudamiento, la viabilidad técnica del megacolegio en el sector céntrico es cuestionada por la falta de registros formales ante el Ministerio de Educación Nacional.
Existen dudas razonables sobre si el gobierno nacional financiaría una obra de tal magnitud en una zona que ya cuenta con otras instituciones educativas con capacidad de recepción, siendo este el principal impedimento para invertir dineros públicos en este predio, es decir, en la zona centro hay más colegios con espacio para recibir los alumnos del centro social y no existe la necesidad real de construirlo allí, por lo tanto, tendrían que construirlo en la comuna 6 o la comuna 7, donde si existe la necesidad real de infraestructura educativa.
Ante este bloqueo normativo y técnico, han surgido propuestas alternativas que buscan proteger los recursos públicos, como el ofrecimiento de la sede del Braulio Campestre o la adquisición de un terreno diferente que cumpla con todos los requisitos urbanísticos vigentes, propuesta que los líderes del Centro Social han rechazado de plano.
El futuro de la infraestructura educativa en Yopal depende ahora de una mesa de trabajo que logre conciliar las necesidades de los estudiantes con la estricta realidad jurídica del municipio.
Algunos sectores advierten que el proyecto se ha transformado en un compromiso político difícil de ejecutar sin infringir las normas de inversión pública, en un “caballito de batalla” para politiqueros en campaña y en un muy costo capricho de la comunidad educativa del Centro Social.
Mientras se espera el fallo definitivo del Tribunal Administrativo, el Concejal Vega, ponente del proyecto, hace un llamado a la sensatez en busca evitar que una decisión apresurada termine en consecuencias legales para los funcionarios o en la pérdida de los fondos públicos con un grave detrimento patrimonial.
