Claudia Villada 
El proceso judicial contra el actual alcalde de Villanueva, Héctor Fernando Vizcaíno Cagüeño, se ha transformado en un ciclo de interrupciones que mantiene en vilo la institucionalidad del municipio.
A la fecha, se contabilizan nueve aplazamientos que han impedido el avance de las diligencias, a pesar de la gravedad de los delitos imputados por la Fiscalía, que incluyen peculado por apropiación y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Las investigaciones se centran en presuntas irregularidades vinculadas a convenios entre la Empresa de Servicios Públicos de Villanueva y un abogado particular, donde el mandatario habría actuado bajo la figura de determinador.
La historia de estas postergaciones revela una combinación de obstáculos institucionales y justificaciones personales que han frenado el ritmo de la justicia local. Desde la primera solicitud realizada por el ente acusador en 2023, las audiencias han sido canceladas por motivos tan diversos como cruces de agenda, incapacidades médicas y hasta un corte de energía eléctrica programado en la zona.
La situación se tornó aún más compleja cuando una juez se declaró impedida para conocer el caso y su sucesor tuvo que ausentarse por un permiso odontológico. Recientemente, una inflamación orofacial del abogado defensor provocó una nueva demora, dejando la audiencia de formulación de acusación programada recién para el 11 de marzo de 2026, la cual fue recientemente aplazada para el mes de septiembre de este año.
Esta parálisis procesal ocurre de forma paralela a una fuerte controversia administrativa por la intención del gobierno local de comprometer las finanzas municipales a través de un nuevo endeudamiento.
A pesar de que Villanueva cuenta con un superávit financiero y dispone de 48.000 millones de pesos provenientes de regalías para el bienio actual, según la versión de algunos Concejales de ese municipio, el alcalde Vizcaíno impulsa la contratación de un crédito por 20.000 millones de pesos.
El proyecto, destinado supuestamente a obras de acueducto y vías, enfrenta cuestionamientos por posibles vicios de legalidad en el acuerdo municipal y por la aparente falta de aval de la corporación autónoma regional. La comunidad permanece vigilante ante el manejo de estos recursos y el pago de comisiones bancarias, mientras el reloj judicial continúa detenido por factores externos a la investigación principal.
