Compradores presuntamente engañados por proyecto de Bancolombia en Yopal.
Claudia Villada
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En la carrera 28 con calle 17 del municipio de Yopal, específicamente en el edificio El Prado, se vivió una situación de confusión durante una diligencia en la que hizo presencia la policía y el representante de la constructora Villamayor de Colombia s.a.s.
El motivo de la presencia policial, según se pudo inferir, era un intento para tomar posesión del edificio que la mencionada constructora había comenzado a edificar años atrás, pero que aún no ha sido terminado en su totalidad.
El abogado Lauriano Manrique, quien representó a 14 familias involucradas en el proyecto de vivienda El Prado, manifestó que la constructora cedió los derechos de propiedad a la fiducia Bancolombia. Posteriormente, se iniciaron las ventas de los apartamentos sin contar con la licencia de construcción ni la propiedad horizontal debidamente establecidas.
Según los habitantes del edificio, el costo inicial era de 164 millones con una cuota inicial de 53 millones, los cuales en su mayoría los pagaron a cuotas; respaldados con una promesa de compraventa firmada con la Constructora Villamayor, a través de una fiducia respaldada por Bancolombia.
“Yo confié en esa valla publicitaria que decía fiduciaria Bancolombia” manifestó una de las afectadas en este caso.
Este caso evidencia la falta de control urbanístico que ha afectado a Yopal. Los inversionistas del proyecto no logran comprender cómo se permitió la construcción de un edificio de ocho pisos en pleno centro de la ciudad sin que las autoridades ejercieran supervisión alguna. Desde 2016, cuando inició la obra, ningún organismo solicitó a la constructora la documentación requerida para un proyecto de esta magnitud, lo que demuestra graves fallas en los procesos de vigilancia por parte del entonces secretario de planeación Hugo Montes.
Los compradores, quienes invirtieron importantes sumas de dinero como cuota inicial hace más de diez años, se encuentran en una situación de incertidumbre, ya que ni la Fiducia Bancolombia ni la constructora han ofrecido soluciones a su situación legal.
Según el testimonio del doctor Manrique, la policía llegó al edificio en compañía del representante de la constructora con la intención de derribar las puertas de acceso a los apartamentos. Sin embargo, al solicitar la orden judicial que amparaba dicho procedimiento, los uniformados manifestaron que no existía tal orden para ese fin.
La situación se tornó tensa cuando la policía ingresó al edificio, al parecer empujando al portero y, según denunciaron los residentes, intentando derribar puertas.
No obstante, el jurídico de la Policía Nacional, presente en el lugar, desmintió categóricamente estas acusaciones, asegurando que su labor se limitó a verificar una situación de propiedad a solicitud de la constructora Villamayor, propietaria legal del terreno según el certificado de libertad y tradición.
El uniformado explicó que no portaban una orden judicial de embargo o desalojo, sino una orden policial para realizar una mediación in situ y determinar la situación de la propiedad.
Finalmente, la diligencia de toma de posesión de los apartamentos habitados fue suspendida, llegando a un acuerdo firmado en presencia de la policía. En dicho acuerdo se estableció que no se podrían habitar los apartamentos vacíos ni desalojar a los residentes actuales hasta que un juez de la república tome una decisión definitiva sobre el caso. La Personería Municipal fue contactada telefónicamente para tener conocimiento de la situación, aunque no hubo acompañamiento presencial inmediato.
Llama la atención, como una empresa como Bancolombia invierte o autoriza una cantidad de dinero para construir un edificio, sin contar con respaldos jurídicos básicos como la licencia de construcción, y luego de casi una década, ni siquiera habían tomado posesión de un predio como respaldo a su deuda; se espera un pronunciamiento de parte de la entidad bancaria, que ha puesto en riesgo el patrimonio de las familias que invirtieron en este proyecto.
