Comunidad pide declaratoria de calamidad pública de la vereda El Rubí en Hato Corozal, el 98% de su territorio está inundado.
Claudia Villada 
La Junta de Acción Comunal de la vereda El Rubí, en Hato Corozal, Casanare, emitió un informe el 6 de junio en el que declara una alerta máxima por emergencia humanitaria y desastre debido a las inundaciones. Según el documento, el desbordamiento del río Casanare, sumado a las crecientes de caños, bajos y esteros, ha provocado que aproximadamente el 98% del territorio de la vereda quede cubierto por el agua.
La situación también afecta a las veredas vecinas de El Guafal, Puerto Colombia, Santa María del Casanare, San Nicolás y El Suní.
La comunidad reporta el aislamiento de numerosas familias rurales por la interrupción de corredores viales y caminos veredales, la inundación de viviendas con pérdida parcial o total de enseres, y riesgo para adultos mayores, niños, mujeres gestantes y personas con discapacidad. También se enfrentan dificultades para acceder a servicios de salud, medicamentos y alimentos, así como riesgo sanitario por aguas estancadas, animales ponzoñosos y proliferación de vectores.
En el plano económico, la emergencia ha generado inundación masiva de sabanas naturales y mejoradas, pérdida total de cultivos de pancoger y proyectos productivos, escasez de áreas para el manejo del ganado y riesgo de mortalidad animal.
La vía secundaria 65CA12 y múltiples ramales veredales presentan inundaciones, erosión y deterioro de terraplenes, lo que dificulta la movilidad de personas, vehículos de emergencia, transporte escolar y la comercialización de productos.
Con fundamento en la Ley 1523 de 2012, la comunidad solicita la declaratoria de Calamidad Pública en el municipio de Hato Corozal o en las zonas rurales afectadas, con el fin de movilizar recursos extraordinarios y acelerar la atención de la emergencia.
Entre las medidas urgentes requeridas están una misión técnica interinstitucional de evaluación, atención prioritaria a adultos mayores, niños y personas con discapacidad, intervención de los puntos críticos de la vía secundaria, obras de mitigación y la instalación de una mesa permanente de seguimiento.
“Nos encontramos ante una situación excepcional que amenaza la permanencia de las familias campesinas en el territorio”, advierte el informe firmado por Wilson Díaz Ortiz, presidente de la JAC El Rubí.
Se espera un pronunciamiento de parte de la oficina de Gestión del riesgo Departamental y demás organismos de socorro.
