¿Crisis de mando en las Fuerzas Armadas? Las dudas que deja la salida masiva de Coroneles y Mayores en Colombia.
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Bogotá, 17 de dicembre de 2018. Con la toma del juramento, el presidente Iván Duque oficializó la nueva cúpula de las Fuerzas Militares que estará integrada por los generales Nicasio de Jesús Martínez, en el Ejército; Ramsés Rueda, en la Fuerza Aérea, y Luis Fernando Navarro Jiménez, en el Comando General. Para la Armada juramentó el vicealmirante Evelio Enrique Ramírez. (Colprensa - Sergio Acero)
En un periodo de apenas noventa días, las Fuerzas Militares de Colombia enfrentaron la desvinculación de 49 coroneles y mayores, una cifra que se torrna relevante en medio de la actual crisis de seguridad nacional.
Estos oficiales, poseedores cada uno de ellos de una trayectoria al rededor a las dos décadas, abandonaron sus cargos como parte de una reorganización institucional promovida por la administración de Gustavo Petro. Este movimiento no representa un evento aislado, pues desde el inicio del actual mandato en agosto de 2022, aproximadamente 79 generales y almirantes han dejado las filas de la Fuerza Pública, transformando la estructura del mando estratégico.
La transformación no solo afecta a los altos mandos, sino que refleja una tendencia de contracción en el personal uniformado.
Entre los años 2021 y 2025, el total de integrantes de la Fuerza Pública descendió de 459.695 a 402.228 efectivos, según el reporte oficial, pero versiones extraoficiales señalan que esta reducción rondaría entre el 35% y 40%, marcando una caída vertiginosa en la cantidad de pie de fuerza.
Voces dentro de la institución advierten que esta reducción implica una pérdida crítica de experiencia operativa, especialmente de aquellos oficiales curtidos en el histórico conflicto contra las Farc, cuya ausencia se percibe con nitidez en las operaciones de campo.
El retiro de estos 49 mandos medios despierta temores sobre posibles vacíos en la dirección táctica y una sobrecarga de responsabilidades en los niveles jerárquicos intermedios que coordinan la seguridad regional.
La controversia también se traslada al terreno administrativo, donde se denuncian presuntas inconsistencias en el trámite de las cinco resoluciones que formalizaron estas salidas.
Existen discrepancias señaladas entre las fechas de las reuniones de las juntas asesoras y la firma de los decretos, además de cuestionamientos sobre si los encuentros cumplieron con los plazos ordinarios estipulados por la normativa vigente. Algunos denunciantes sostienen que las evaluaciones se realizaron sin contar con los expedientes y las hojas de vida completas de los implicados, lo que pondría en duda la rigurosidad de la selección de los perfiles afectados.
El clima interno se ha visto afectado por el hecho de que muchos de los oficiales retirados estaban en vísperas de ser evaluados para futuros ascensos.
A este malestar se suman versiones sobre una supuesta injerencia de la Dirección Nacional de Inteligencia en las decisiones de carrera militar, una posibilidad que el Ministerio de Defensa no ha ratificado oficialmente.
Cabe recordar que esta dirección ha sido objeto de varios señalamientos sobre la presunta infiltración de grupos armados ilegales y la injerencia de personas ajenas a las instituciones y que habrían filtrado información reservada.
Ante el vendaval de críticas, el Ejército Nacional asegura que todos los procesos se han desarrollado bajo un estricto cumplimiento del marco legal y que las sesiones de las juntas se ajustan a las agendas de los altos mandos, defendiendo la transparencia de cada expediente individual.
