Decisión judicial detiene la tala del árbol Caracaro pero ordena poda preventiva, tras acciones ciudadanas en Yopal.
Claudia Villada 
El Tribunal Administrativo de Casanare emitió una orden judicial que prohíbe la tala definitiva del árbol de la especie Caracaro ubicado en el centro de Yopal frente al edificio Emiro Sossa.
Esta decisión surge tras una acción popular interpuesta por ciudadanos que buscan proteger el equilibrio ecológico y el ambiente sano ante la intención institucional de derribar el individuo forestal. El fallo establece una medida cautelar de oficio que obliga al Instituto de Vivienda Gestión Urbana y Rural de Yopal a abstenerse de eliminar el árbol y a realizar en su lugar una poda de mantenimiento para mitigar riesgos.
La controversia se agudizó por la existencia de conceptos técnicos encontrados sobre la salud y estabilidad de la especie.
Mientras que la autoridad ambiental regional autorizó la tala rasa bajo la figura de emergencia forestal debido a raíces que afectan el pavimento y ramas direccionadas a locales comerciales el informe de un ingeniero contratado por la misma entidad municipal sugirió que el derribo total no era necesario. Los magistrados aplicaron el principio de precaución ambiental considerando que la desaparición del árbol causaría un daño irreversible al ecosistema urbano de la ciudad.
Simultáneamente grupos de jóvenes activistas y líderes ambientales realizaron plantones pacíficos para impedir que la maquinaria iniciara las labores de remoción. Los manifestantes denunciaron una supuesta falta de transparencia en los procesos de socialización y cuestionaron la validez de los diagnósticos que declaraban al árbol como enfermo. Para estos colectivos el Caracaro representa un refugio ante las crecientes olas de calor que afectan a la capital casanareña donde las temperaturas registradas satelitalmente superan en ocasiones los cuarenta grados Celsius.
El reciente fallo judicial otorga a las entidades un plazo de cinco días para realizar un nuevo diagnóstico técnico coordinado entre el municipio y la corporación ambiental.
Posteriormente contarán con quince días adicionales para ejecutar las intervenciones de poda y señalización correspondientes en el área de influencia del parque. Esta medida busca equilibrar el derecho a la seguridad pública con la conservación de los servicios ecosistémicos que brindan los árboles de gran porte en el casco urbano.
