Denuncian graves irregularidades en la entrega de estufas ecoambientales en Maní.
Claudia Villada
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La comunidad del municipio de Maní, en Casanare, expresó su profunda indignación y denunció serias irregularidades en el proceso de entrega de 169 estufas ecoambientales.
Estas estufas fueron donadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con el objetivo de que los campesinos redujeran significativamente el uso de leña para cocinar sus alimentos. Sin embargo, según la denuncia de la comunidad, el alcalde de Maní, Ferney Chaparro, presuntamente destinó estos elementos a sus allegados y conocidos, dejando por fuera a numerosas personas que realmente necesitaban este beneficio.
La inquietud de los habitantes se centró en la distribución inequitativa de las estufas. En veredas como Corea, donde no existe red de gas domiciliario y la población aún cocina con leña, se reportó tan solo un beneficiario. Una situación similar se observó en Campanero, con únicamente dos beneficiarios. La indignación aumentó al conocerse que Ana Victoria Lara, esposa del ex alcalde de Puerto Gaitán, Yosman Lara, figuraba como beneficiaria en la vereda Guayanas; como agravante, en esta vereda sí existe red de gas, y al parecer, la propiedad que ella reporta es un potrero sin vivienda, según los denunciantes.
Asimismo, se señaló que familiares del ex alcalde de Puerto Gaitán también fueron favorecidos con las estufas, incluyendo a su cuñado y su suegra, Ana Gilma Pérez, todos ellos residentes en zonas con acceso a red de gas.
Luis Fernando Cárdenas, actual concejal de gobierno y también residente en una vivienda con red de gas, también se encuentra entre los beneficiarios.
La comunidad manifestó su frustración al constatar que veredas con graves necesidades y afectadas anualmente por inundaciones, como San Joaquín de Garibay, Guamal o Limonal, no recibieron ni un solo beneficiario de estas estufas. Esto generó en la comunidad un fuerte malestar y cuestionamientos sobre la transparencia y equidad en la administración de los recursos destinados a mejorar la calidad de vida de los campesinos del municipio.
Esta situación demanda una urgente intervención de los organismos de control competentes para que se investiguen a fondo estas acusaciones y se determinen las responsabilidades a que haya lugar. Es fundamental esclarecer si los criterios de selección de los beneficiarios se ajustaron a las necesidades reales de la población o si, por el contrario, primaron intereses particulares y amiguismos. La comunidad de Maní merece una explicación clara y contundente sobre este proceso.
Adicionalmente, es importante señalar que esta no sería la primera irregularidad en la que se ve vinculado el alcalde Ferney Chaparro, lo que acrecienta la preocupación sobre su administración y la necesidad de una supervisión rigurosa de su gestión para garantizar la correcta inversión de los recursos y la protección de los derechos de los ciudadanos.
