Reactivación del impuesto de timbre en Casanare por decreto presidencial de “conmoción interior”
Claudia Villada
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En atención a la declaratoria del Estado de Conmoción decretado por el Presidente de la República, ante la grave situación de orden público en el Catatumbo, la zona metropolitana de Cúcuta y el municipio de Río de Oro (Cesar), fue expedido el Decreto 0175 de 2025, que contempla la reactivación del impuesto de timbre nacional como medida excepcional de recaudo.
Como parte del proceso de implementación de esta norma, el director del Departamento Administrativo de Planeación de Casanare, Alfonso Cárdenas Silva, lideró una mesa de trabajo con el equipo del Banco de Programas y Proyectos de la Gobernación, en la cual se socializaron los alcances del decreto y las implicaciones que tiene para los procesos contractuales de la entidad.
El funcionario explicó que a partir del 22 de febrero de 2025, todas las entidades territoriales están obligadas a aplicar el cobro del impuesto de timbre nacional, correspondiente al 1% del valor de los contratos públicos que se realicen, independientemente de la fuente de financiación. Esto incluye recursos del Sistema General de Regalías y cualquier otro tipo de financiamiento público o mixto.
Según lo estipulado, el impuesto debe aplicarse a todos los contratos cuyo valor sea igual o superior a 290 millones de pesos. El cumplimiento de esta norma es obligatorio y su omisión podría acarrear consecuencias disciplinarias, al tratarse de una violación a una disposición legal de carácter nacional.
Durante la jornada, se reiteró a los equipos técnicos la necesidad de incluir este cobro en los procesos de revisión y aprobación de proyectos, conforme a lo establecido en la Circular 005 de la Secretaría de Hacienda. El objetivo es garantizar que todos los trámites contractuales contemplen la aplicación del tributo, como medida de apoyo al financiamiento de las acciones estatales en las zonas afectadas por la crisis humanitaria y de seguridad.
El impuesto de timbre estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, y busca generar recursos adicionales para atender la emergencia, mediante un mecanismo que involucra directamente a las entidades públicas en el esfuerzo nacional por superar la crisis.
