El Instituto Financiero de Casanare se encuentra en el ojo del huracán tras conocerse una decisión del Consejo de Estado que ratifica la inviabilidad de cobrar carteras con más de 20 años de antigüedad.
Según las denuncias lideradas por el concejal Leonardo Infante y el ciudadano Arsenio Sandoval, estos procesos de cobro, que afectan a más de 6,512 beneficiarios de créditos educativos del convenio Fondo Casanare e ICETEX, presentan vicios jurídicos insalvables.
El peso de la decisión judicial
El fallo de segunda instancia del máximo tribunal de lo contencioso administrativo aclara una disputa de competencias: los procesos deben ser tramitados por juzgados administrativos y no civiles. Lo más grave para la entidad es que la justicia ha calificado estas deudas como «irrecuperables» debido a que ya prescribieron, habiendo vencido los términos de cobro desde el año 2009 en muchos casos.
A pesar de esto, el IFC ha persistido en realizar cobros coactivos, embargando cuentas y bienes incluso de adultos mayores, superando en ocasiones los límites legales de descuento salarial. Esta insistencia está generando un posible detrimento patrimonial, ya que el Instituto está siendo condenado a pagar las «costas» (honorarios de abogados) de los ciudadanos demandados cuando el IFC perder los procesos.
La guerra de comunicados
En medio de esta tensión, la confusión en redes sociales ha escalado. Se ha reportado la circulación de un comunicado presuntamente emitido por el IFC, pero que no contiene firma oficial y que no a la fecha no ha sido posteado en la página institucional.
En dicho comunicado se enfatiza por parte presuntamente del IFC, negando la existencia de cualquier fallo judicial que les impida seguir adelante con sus acciones de cobro. En dicho documento, calificando la información sobre el fallo como «desinformación grave» y «temeraria», asegurando que no existe providencia que declare responsabilidad en su contra dentro de acciones populares.
Un conflicto social y económico
Arsenio Sandoval a través de un video posteado en redes sociales, recordó que el hoy gobernador, César Zorro, acompañó hace 15 años a los estudiantes en la búsqueda de la condonación de estas deudas, calificando las actuaciones actuales del IFC como contrarias a la ley, el líder social se pregunta si esta situación es de conocimiento del mandatario o se está ejecutando sin su autorización.
Por su parte, el concejal Infante advierte que las indemnizaciones que el departamento podría tener que pagar por embargos indebidos, serían millonarias, afectando aún más las finanzas públicas y profundizando la enorme pérdida a la que ya se enfrenta el Instituto financiero de Casanare.
