Despues de casi diez años del homicidio del ganadero Rodrigo Correa Ortega en Yopal, la justicia colombiana emitió una sentencia que ha generado una profunda controversia y consternación entre los familiares de la víctima.
El juzgado declaró culpable a Julio César Hernández Caballero, vecino del fallecido, imponiéndole una pena de 39 años y 2 meses de prisión por ser el autor intelectual del crimen ocurrido en mayo de 2016. Sin embargo, la decisión de otorgarle el beneficio de detención domiciliaria debido a su edad de 69 años ha despertado el temor y la indignación de la familia Correa Vargas.
El asesinato se produjo cuando Correa Ortega, un exdetective del DAS de 70 años, se dirigía a su finca en la vereda Tacarimena junto a su esposa. En el sector conocido como La Y, delincuentes lo interceptaron y le dispararon desde unos matorrales, terminando con la vida de un hombre descrito por sus allegados como un trabajador honesto que evitaba conflictos.
Las investigaciones posteriores del Cuerpo Técnico de Investigación revelaron que el trasfondo del ataque no fue un simple hurto, sino un conflicto territorial prolongado por la delimitación de linderos y la negativa de Correa a vender sus tierras a Hernández Caballero.
A pesar de la contundencia de la condena, el cumplimiento de la pena se llevará a cabo en la misma propiedad que originó la disputa, la cual colinda apenas por una cerca con la casa de la viuda, una mujer de 81 años.
Janeth Correa, hija del ganadero, manifestó que esta medida representa una revictimización para su familia, argumentando que el Estado los deja en una situación de vulnerabilidad extrema frente a quien planeó el deceso de su padre.
La defensa de las víctimas ya presentó un recurso de apelación buscando que el sentenciado sea trasladado a un centro carcelario, mientras la comunidad de Casanare sigue el desenlace de este extenso proceso judicial, que si bien termina en una sentencia condenatoria, resulta inverosímil la forma en la que se va a cumplir.
