Ley Contra el Ruido en Colombia: ¿Cómo afectará a establecimientos comerciales y comunidades?
Claudia Villada
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El pasado 4 de marzo de 2025, el Congreso de Colombia promulgó la Ley 2450, conocida como la «Ley Contra el Ruido», con el objetivo de establecer lineamientos y responsabilidades para la gestión de la contaminación acústica en el país. Esta normativa busca garantizar la tranquilidad, la convivencia y el disfrute de un ambiente sano para todos los ciudadanos.
La ley define la contaminación acústica como una alteración del ambiente con ruidos o vibraciones nocivas que impactan la salud, la calidad de vida y el bienestar de las personas. Además, establece que las autoridades nacionales y territoriales deben formular políticas públicas y planes de acción para prevenir, mitigar y controlar los efectos del ruido en la salud humana, la fauna y el medio ambiente.
Uno de los aspectos más relevantes de la ley es la creación de un Subsistema de Vigilancia de Calidad Acústica, administrado por el IDEAM, que monitoreará los niveles de ruido en todo el país. Las autoridades ambientales y municipales tendrán la obligación de realizar mediciones periódicas y tomar medidas preventivas y correctivas en caso de superarse los límites permitidos.
En particular, se permite un mayor volumen en actividades artísticas y culturales, pero siempre que estas se realicen en horarios específicos y cuenten con los permisos de las alcaldías municipales y distritales, que también deberán definir las áreas de amortiguación acústica alrededor de los lugares donde se realicen eventos.
Adicionalmente, la ley contempla una serie de multas para quienes incumplan las normas de ruido. Estas sanciones económicas varían según la gravedad de la infracción y se clasifican en generales y especiales.
Multa Tipo 1 (2 SMDLV): $94.900
Multa Tipo 2 (4 SMDLV): $189.800
Multa Tipo 3 (8 SMDLV): $379.600
Multa Tipo 4 (16 SMDLV): $759.200
Multas especiales (para eventos con público masivo)
Además de las sanciones generales, se establecen multas específicas para organizadores de eventos con aglomeraciones masivas que no cumplan la normativa. Estas se dividen según el aforo del evento.
Con el salario mínimo mensual vigente, estas multas pueden alcanzar valores entre $142 millones y más de $1.1 mil millones, dependiendo del caso.
Entre 100 y 150 SMMLV: Entre $142.350.000 y $213.525.000 para eventos con hasta 300 asistentes
Entre 151 y 250 SMMLV: Entre $214.948.500 y $355.875.000 para eventos con aforo entre 301 y 600 personas
Entre 251 y 350 SMMLV: Entre $357.298.500 y $498.225.000 para eventos con entre 601 y 5.000 asistentes.
Entre 500 y 800 SMMLV: Entre $711.750.000 y $1.138.800.000 para eventos con más de 5.000 personas.
En Yopal, Casanare, esta ley cobra especial relevancia debido a las recientes denuncias de los vecinos del barrio Esperanza, en la carrera 17 entre calles 21 y 22 en Yopal, Casanare, sobre la falta de control por parte de las autoridades a los establecimientos comerciales que venden bebidas embriagantes.
Según los habitantes, estos locales operan sin la debida regulación, generando ruidos y disturbios que se extienden hasta altas horas de la madrugada, afectando la convivencia y el descanso de la comunidad.
La comunidad solicitó a las autoridades competentes que realicen mediciones de los niveles de ruido y revisen la documentación de estos establecimientos, muchos de los cuales funcionan en garajes adaptados. Los vecinos argumentaron que la situación ha generado un deterioro en la calidad de vida, especialmente durante las noches, cuando el ruido impide el descanso adecuado.
A pesar de que en el 131 del Código Nacional de Tránsito Terrestre hace referencia al ruido emitido por o vehículos, esta ley anti-ruido, también hace especial mención en este sentido; actualmente, el comparendo por vehículos con los exostos modificados, como ya es costumbre escucharlos continuamente en la capital casanareña, es de 1 salario mínimo mensual, es decir mas de $1’400.000 y en cuanto a la música a alto volumen, es de 8 salarios mínimos diarios, es decir unos $380.000 y en ambos casos podría conllevar la inmovilización del vehículo.
La Ley Contra el Ruido representa un avance significativo en la protección del ambiente y la salud pública, pero su éxito dependerá de la capacidad de las autoridades para hacerla cumplir y de la colaboración de la ciudadanía en la denuncia y prevención de la contaminación acústica.
