Minjusticia denuncia a Congresistas Cabal, JP Pulido y Garrido por mensajes en redes sobre Venezuela.
Claudia Villada 
El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, presentó una denuncia formal ante la Corte Suprema de Justicia contra tres congresistas de oposición. Los señalados son los senadores Jhonatan Ferney Pulido Hernández, conocido como JP, y María Fernanda Cabal, junto a la representante a la Cámara Lina María Garrido.
La acción judicial surge en un contexto de alta tensión regional, luego de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y de declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump contra el presidente colombiano Gustavo Petro. El documento oficial se centra en publicaciones realizadas por los legisladores en la red social X.
Según la denuncia, esos mensajes trascienden el simple debate político. El ministerio argumenta que contienen exhortaciones que podrían calificarse como un llamado a invasiones extranjeras. Para el gobierno, esto representa una promoción de hostilidades contra la patria y una vulneración grave de los deberes constitucionales de los congresistas.
El texto legal presentado sostiene que las manifestaciones de los denunciados “contravienen su obligación constitucional de defender el orden jurídico y la soberanía de la nación”. Además, advierte sobre la posible configuración de delitos previstos en el Código Penal, que sancionan actos dirigidos a someter al país a dominio extranjero o debilitar su soberanía.
La denuncia es clara al señalar que la instigación a la guerra tipifica el incentivar acciones hostiles o llamar a invasiones externas.
Estas figuras jurídicas, según el ministerio, protegen la existencia misma de la nación frente a invitaciones a operativos militares foráneos en suelo colombiano. El caso queda ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia para su evaluación.
Algunos sectores han calificado la denuncia como desproporcionada, otros como un acto de censura e incluso como una maniobra de distracción. Los congresistas involucrados no han emitido aún un pronunciamiento oficial conjunto, pero el debate mediático ya está en marcha.
Este caso perfila un intenso cruce de visiones sobre los límites de la libertad de expresión, los deberes de los funcionarios públicos y la defensa de la soberanía nacional. Un debate que, según analistas, podría acaparar la atención política en los próximos meses.
