No hay peor ciego que el que no quiere ver; proyecto la Castellana, el reflejo de las urbanizaciones ilegales en Casanare.
Claudia Villada
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Urbanizaciones ilegales en Yopal, la advertencia que llegó demasiado tarde.
Luego de la publicación de una advertencia por parte de la Alcaldía de Yopal sobre proyectos de vivienda sin licencias, en la que incluyó una «lista negra» de urbanizaciones ilegales, han surgido numerosas opiniones en redes sociales defendiendo estas inversiones. En dicha lista, la empresa Inversora Maruz aparece en más de diez ocasiones.
Luego de esto, una oleada de opiniones en redes sociales de personas defendiendo estos proyectos, aduciendo que son un medio eficaz para adquirir vivienda.
Sin embargo, los inversionistas deberían tomar como referencia el caso del proyecto La Castellana, ubicado sobre la vía alterna a San Rafael de Morichal, después de la Ciudadela La Bendición.
Este proyecto comenzó entre 2017 y 2018 y fue promovido por el exconcejal Ronald Wilches, quien generó confianza entre los compradores debido a su trayectoria como médico y su periodo en la duma municipal.
La Castellana fue presentado como un desarrollo urbano moderno y autosostenible, con servicios públicos garantizados y una infraestructura que incluiría un hospital, colegio y estación de policía. Se mostró incluso un video promocional con renders detallados del proyecto.
De manera sorprendente, que este plan de vivienda obtuvo una licencia de construcción emitida por la administración municipal, quien en ese entonces solicitó se nombrara un alcalde Ad-hoc para que resolviera el tema de solicitud de licencia, ya que el burgomaestre que ejercía en el momento se declaró impedido, proceso donde finalmente le entregaron dicha licencia, lo que reforzó la confianza de los compradores.
Muchas personas invirtieron en la compra de lotes, pagando hasta 30 millones de pesos por cada uno. La constructora se comprometió a proveer soluciones de acueducto, alcantarillado y alumbrado público, mencionando la implementación de una planta de tratamiento de aguas residuales.
Sin embargo y luego de casi ocho años, a pesar de contar con escrituras, los compradores no pueden construir sus viviendas, debido a que el proyecto no cumple con los requisitos legales mínimos para la expedición de licencias de construcción por parte de la Oficina de Planeación.
Uno de los aspectos más llamativos del caso, es que una de las personas que estuvo al frente de la promoción de este proyecto, terminó trabajando en la Notaría Segunda de Yopal, entidad donde se tramitaron las escrituras de los lotes vendidos.
Este escenario se ha replicado en múltiples urbanizaciones ilegales en Yopal, donde miles de inversionistas han destinado su dinero en proyectos que no cumplen con las normativas vigentes.
Algunos de estos desarrollos han sido promovidos por supuestas inmobiliarias con el respaldo de algunos medios de comunicación, quienes muy seguramente tiene conocimiento de que ese modelo de negocio es evidentemente irregular.
Los propietarios de La Castellana han manifestado en repetidas ocasiones su descontento a los medios de comunicación, señalando que llevan años esperando el cumplimiento de las promesas de Wilches, quien, según los afectados, actualmente se encuentra en Cuba. «Gozando de la platíca que le quedó del proyecto», afirmó uno de los denunciantes.
También se ha señalado una alianza con el exalcalde Jhon Jairo Torres Torres condenado por urbanizador ilegal, que “enlodó el proyecto”, lo que aumentó aún más las sospechas en torno a la actitud de Wilchez.
Si bien es cierto que el proyecto La Castellana no se puede declarar ilegal, tambien es cierto que las escrituras solo han servido para que los propietarios se vean obligados a pagar el impuesto predial, mientras su dinero sigue «enterrado» en lotes en los que no pueden construir.
En el caso de otros proyectos sin licencia de construcción, la situación es aún más grave, ya que sus compradores nunca podrán obtener los permisos legales para edificar, debido a que estas urbanizaciones incumplen flagrantemente las disposiciones normativas vigentes y ni siquiera la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), podrá ayudarlos en un posible proceso de legalización.
Si desea saber los requisitos que debe tener cuanquier urbanizadora para adelantar un proyecto, abajo dejamos el link a nuestro reportaje «Sin licencia para urbanizar»; allí también encontrará una descripción más completa de como estos urbanizadores se han venido enriqueciendo gracias a los incautos, que aun creen que están haciendo un escelente negocio.
