Por incumplimiento de fallo judicial contra Alcaldía y Corporinoquia, persiste riesgo ambiental en San Rafael de Morichal.
Editor 
Habitantes del corregimiento de Morichal, en Yopal, denunciaron que las autoridades municipales y ambientales no han dado cumplimiento a un fallo judicial emitido en 2024 que ordena solucionar la contaminación en el sector de San Rafael de Morichal. Flor Marina Reyes, presidenta del territorio, advirtió que la falta de operación del emisario final mantiene en riesgo la salud de miles de personas que habitan la zona afectada.
La infraestructura, que representa una solución definitiva para el manejo de vertimientos, incluye una tubería ya enterrada que podría mitigar el impacto ambiental a campo abierto, según explicó Rafael Reyes, líder social del sector. Sin embargo, las acciones ordenadas por el juez aún no han sido ejecutadas por las entidades competentes.
Tras una jornada de diálogo con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal, se lograron concertaciones iniciales para destrabar el proceso técnico. La empresa de Acueducto, Alcantarillado y Corporinoquia programaron una mesa técnica para el próximo viernes 6 de marzo, donde se definirán los permisos y cronogramas definitivos para la operatividad del sistema.
Paralelamente, la Personería de Yopal identificó graves irregularidades en procesos de urbanización en el sector de La Pedrera. Durante una intervención en el Concejo Municipal, el Ministerio Público señaló que urbanizadores que vendieron terrenos bajo modalidad de compraventa no han cumplido con la legalización ni con la instalación de servicios públicos básicos.
El personero municipal advirtió que los altos costos de creación de redes de acueducto, alcantarillado y gas se han convertido en el principal obstáculo para que las familias de estos sectores accedan a condiciones de vida dignas.
La administración municipal ha iniciado denuncias penales contra quienes han infringido la normativa urbanística en las zonas de expansión. Las autoridades de control señalaron que la responsabilidad de entregar servicios públicos recae directamente sobre quienes prometieron dichas garantías al momento de la venta de los predios.
Mientras avanzan los procesos jurídicos, los habitantes de estos sectores dependen de la voluntad técnica de las entidades para resolver problemáticas que afectan su entorno cotidiano.
