Admiten tutela en Yopal contra avalúos catastrales que dispararon el impuesto predial
Claudia Villada
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El Juzgado Cuarto Civil Municipal de Yopal admitió una acción de tutela interpuesta por dos ciudadanas afectadas por el incremento del impuesto predial, derivado del proceso de avalúo catastral realizado por la empresa Catasig y contratado por la Alcaldía Municipal de Yopal.
La tutela, presentada por el abogado Constantino Rivera, busca la protección de los derechos fundamentales a la dignidad humana, mínimo vital y debido proceso, argumentando que el aumento en el avalúo afectó gravemente a cientos de familias yopaleñas, especialmente a aquellas en condición de vulnerabilidad.
Dentro del proceso también se vincularon el Concejo Municipal de Yopal y la Secretaría de Hacienda, quienes han sido señalados de no brindar soluciones efectivas a los ciudadanos afectados. Ante esta situación, los accionantes invitaron a los yopaleños que se sientan perjudicados a sumarse como coadyuvantes en la acción de tutela, proporcionando pruebas que respalden sus reclamaciones. Para esto, se habilitaron las líneas telefónicas 314-4795962 y 314-4754630 donde podrán recibir orientación legal gratuita.
Por su parte, el economista Christian Rodrigo Pérez, experto en finanzas municipales, cuestionó la contratación de Catasig y afirmó que el actual alcalde de Yopal no puede desligarse de la responsabilidad de este proceso.
Según Pérez, la administración ha mostrado mayor interés en el recaudo del impuesto predial que en solucionar la problemática generada, recordando que parte del endeudamiento aprobado por el Concejo Municipal, presuntamente se respaldó en el aumento de este tributo.
Adicionalmente, Pérez señaló que las mesas de concertación establecidas tras las protestas ciudadanas, a pesar de la buena voluntad de los participantes, no puede generar un impacto real en la resolución del problema, limitándose a visibilizar la inconformidad de la comunidad.
El caso sigue en estudio y se espera que en los próximos días el Juzgado emita un fallo que defina si el procedimiento de avalúo catastral vulneró los derechos de los ciudadanos y si es necesario tomar medidas para corregir los cobros excesivos.
